La administración Trump ejercerá control directo sobre los ingresos derivados de la venta de petróleo venezolano actualmente bajo sanciones, destinando inicialmente esos recursos a servicios gubernamentales básicos como seguridad y sanidad, según anunció el miércoles el secretario de Estado Marco Rubio ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado. El sistema de supervisión, que implica el depósito de fondos en cuentas controladas por el Departamento del Tesoro estadounidense, forma parte de la estrategia de Washington para influir en la transición política del país sudamericano tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero.
El mecanismo funciona como una intervención financiera diseñada para mantener cierta estabilidad operativa en Venezuela mientras Estados Unidos define el futuro del régimen chavista encabezado por Delcy Rodríguez, quien asumió como presidenta encargada tras la operación que extrajo a Maduro de Caracas. Rubio precisó que los fondos se depositarán en cuentas que el Tesoro estadounidense supervisará, y que Venezuela podrá utilizar ese dinero para pagar servicios policiales o adquirir medicamentos, pero bajo estricta auditoría para verificar que se emplee según lo autorizado. El sistema permitirá a Washington aprobar o rechazar los presupuestos mensuales que presente el chavismo.
El secretario de Estado presentó el esquema como una medida de emergencia para evitar un “colapso sistémico” en Venezuela, al tiempo que rechazó que Estados Unidos subsidiará inversiones en la industria petrolera del país. La cuenta se estableció inicialmente en Qatar para evitar embargos de acreedores estadounidenses y sortear complicaciones legales derivadas de que Washington no reconocía la legitimidad del régimen de Maduro. Según Rubio, ya se han reservado cientos de millones de dólares, con una proyección de hasta 3.000 millones adicionales.
La estructura se basa en una distinción técnica que Rubio subrayó ante los senadores: “Es una cuenta que pertenece a Venezuela, pero tiene sanciones estadounidenses como mecanismo de bloqueo. Solo controlamos la dispersión del dinero, no controlamos el dinero en sí”. El modelo replica parcialmente sistemas de supervisión financiera empleados en contextos de reconstrucción posconflicto, aunque con la particularidad de que Estados Unidos no se limita a auditar, sino que decide qué gastos autoriza.
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La líder del régimen de Venezuela, Delcy Rodríguez, había anunciado el 20 de enero que el efectivo de las ventas petroleras fluiría hacia dos fondos soberanos: uno para respaldar los servicios sanitarios en crisis y otro para reforzar la infraestructura pública, incluida la red eléctrica. Los hospitales venezolanos atraviesan una situación crítica en la que los pacientes deben aportar insumos básicos para sus propias atenciones, desde jeringas hasta tornillos quirúrgicos, además de pagar pruebas de laboratorio e imágenes en centros privados. Durante un acto televisado días después de asumir, Rodríguez señaló que su gobierno y la administración estadounidense han establecido “canales de comunicación respetuosos y corteses” desde la captura de Maduro.
El petróleo venezolano se encuentra en el centro de una compleja disputa geopolítica que Trump ha convertido en prioridad de su política exterior hacia América Latina. Venezuela posee las mayores reservas de crudo del mundo, con 303.200 millones de barriles según datos de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, lo que representa aproximadamente el 19% del total global. Esta cifra supera en seis veces las reservas estadounidenses y duplica las de Arabia Saudita. Sin embargo, la producción actual contrasta dramáticamente con ese potencial: en 2025 el país bombeó un promedio de 1,08 millones de barriles diarios, una fracción de los 3,1 millones que producía en 1998, antes de que Hugo Chávez llegara al poder.
La mayor parte de las reservas venezolanas se concentra en la Faja Petrolífera del Orinoco, donde el crudo extrapesado resulta costoso de extraer y procesar por su alta densidad. Este tipo de petróleo requiere diluyentes especiales, como la nafta, para poder ser transportado. Durante años, Venezuela recibió estos diluyentes desde Rusia mediante la denominada “flota fantasma”, una red de petroleros antiguos que opera al margen de las regulaciones internacionales para evadir sanciones.
La industria petrolera venezolana ha operado durante años mediante una sofisticada red de evasión de sanciones que involucra decenas de buques fantasma, empresas intermediarias y mecanismos de pago alternativos. Estos petroleros, que suman más de 70 según análisis independientes, transportaron en 2024 aproximadamente 400.000 barriles diarios hacia refinerías chinas. Las tácticas incluyen apagar o falsificar señales GPS, cambiar nombres y banderas constantemente, realizar transferencias de crudo en alta mar para ocultar su origen, y operar con propietarios poco claros registrados en jurisdicciones opacas.
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China se consolidó como el principal destino del crudo venezolano tras la ruptura con Estados Unidos en 2019. En septiembre de 2024, el 84% del petróleo exportado por Venezuela se dirigió al gigante asiático, directa o indirectamente. Las transacciones prescindieron del dólar estadounidense y se realizaron en yuanes o mediante criptomonedas, particularmente la stablecoin Tether, según documentos del Departamento de Justicia estadounidense. Este esquema permitió al régimen de Maduro sostener flujos de ingresos pese al cerco financiero occidental.
El bloqueo naval que Trump ordenó en diciembre sobre “todos los petroleros sancionados” que entren o salgan de Venezuela desató una crisis operativa. Al menos siete buques han sido incautados desde entonces por fuerzas estadounidenses en el Caribe y el Atlántico. Los petroleros comenzaron a salir de las sombras días después de la captura de Maduro, cuando algunos activaron sus transpondedores para revelar ubicaciones que habían mantenido ocultas durante meses. El superpetrolero Marbella, cuya posición fue un misterio durante más de un año, apareció súbitamente frente a la costa venezolana con 1,9 millones de barriles a bordo.
Las confiscaciones generaron tensiones diplomáticas con Beijing, que acusó a Washington de “grave violación del derecho internacional” tras la intercepción del petrolero Centuries, que transportaba 1,8 millones de barriles de crudo venezolano hacia China. El buque había cargado bajo el nombre falso “Crag” y operaba a través de Satau Tijana Oil Trading, uno de los múltiples intermediarios que PDVSA utiliza para comercializar su producción con refinerías independientes chinas. La estrategia de intermediación mediante empresas registradas en terceros países diluye el rastreo legal, aunque cada intermediario cobra su parte, reduciendo los ingresos reales que llegan a Venezuela.
Durante la audiencia en el Senado, demócratas y algunos republicanos presionaron a Rubio para obtener detalles sobre cómo Estados Unidos garantizará transparencia en el manejo del petróleo venezolano. El senador Chris Murphy advirtió sobre los riesgos del esquema: “Están tomando su petróleo a punta de pistola, lo están reteniendo y vendiendo, están decidiendo cómo y para qué propósitos se usará ese dinero en un país de 30 millones de personas. Muchos de nosotros creemos que eso está destinado al fracaso”.
Rubio defendió que bajo Maduro la industria petrolera benefició a líderes corruptos del régimen y a países como China, que compraba el crudo venezolano con descuentos sustanciales. Aseguró que ahora los líderes interinos de Venezuela están asistiendo a Estados Unidos en la incautación de cargamentos ilegales. El modelo implica que Washington dicte instrucciones sobre cómo puede y no puede gastarse el dinero, con auditorías periódicas para verificar el cumplimiento. Rubio calificó el mecanismo como un “paso intermedio” que permite “dividir los ingresos para que no haya un colapso sistémico mientras trabajamos en esta recuperación y transición”.
La Asamblea Nacional venezolana comenzó a debatir la semana pasada una reforma a la Ley de Hidrocarburos solicitada por Rodríguez, con el objetivo de crear condiciones para atraer inversión privada extranjera. El presidente de la estatal Petróleos de Venezuela, Héctor Obregón, anunció una meta de incrementar la producción un 18% en 2026, hasta aproximadamente 1,4 millones de barriles diarios. Trump ha instado a ejecutivos de las principales petroleras mundiales a invertir “al menos 100.000 millones de dólares” para revitalizar la infraestructura venezolana, ofreciendo “protección y seguridad del gobierno” a largo plazo.
