El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, calificó como “grave” la situación legal del presidente encargado de la República, José Jerí Ore, al confirmar que el Ministerio Público abrió una investigación preliminar reservada por el denominado caso ‘ChifaGate’, al considerar que existen indicios de la comisión de delitos que justifican la intervención fiscal.
Durante una entrevista televisiva, Gálvez precisó que las diligencias fiscales se iniciaron desde el martes, apenas dos días después de que se difundieran los videos que revelan una presunta reunión clandestina entre José Jerí y el empresario chino Zhihua “Johnny” Yang, realizada en un restaurante chifa, fuera de cualquier protocolo oficial y sin registro institucional.
El titular del Ministerio Público explicó que el caso se tramita por dos vías paralelas. Mientras la Fiscalía Provincial Anticorrupción, a cargo de la fiscal Diana Paico y bajo la coordinación del fiscal superior Omar Tello, investiga a los particulares involucrados, la Fiscalía de la Nación conduce una investigación reservada contra José Jerí, debido a su condición de presidente encargado y alto funcionario del Estado.
Gálvez subrayó que la reserva del proceso responde a lo dispuesto por el Tribunal Constitucional, que permite investigar preliminarmente a un presidente en funciones, siempre que se respeten los límites de la investidura presidencial. “No se trata de no actuar, sino de actuar con prudencia. Esto no es un show”, sostuvo.
El fiscal fue enfático al señalar que la investigación se abrió porque los hechos presentan elementos objetivos de gravedad, entre ellos la naturaleza extraoficial de la reunión, el uso de indumentaria para ocultar la identidad del mandatario, la ausencia de canales institucionales y el posible conflicto de intereses, dado que el empresario investigado mantiene vínculos con sectores regulados por el Estado.
En ese contexto, confirmó que los presuntos delitos en evaluación son patrocinio ilegal y tráfico de influencias agravado, este último por la condición de funcionario público de Jerí. Además, advirtió que la investigación podría ampliarse al delito de cohecho pasivo si se confirma la entrega de dádivas, como sugieren nuevos materiales audiovisuales que serán difundidos.
“Si estos delitos se llegaran a comprobar, estaríamos ante una situación penal grave, con posibilidad de cárcel efectiva, porque las penas se acumulan”, afirmó Gálvez, aunque remarcó que la investigación recién se encuentra en una fase inicial y que no se puede adelantar ninguna conclusión sin pruebas concluyentes.
El fiscal de la Nación confirmó también que José Jerí será citado a declarar la próxima semana, ya sea en la sede de la Fiscalía de la Nación o, de manera excepcional, en el despacho presidencial. En ese sentido, valoró positivamente la carta enviada por el mandatario en la que se pone a disposición de la investigación y expresa su voluntad de colaborar con las diligencias fiscales.
Gálvez añadió que estas actuaciones preliminares buscan asegurar pruebas clave y evitar eventuales interferencias, como la eliminación de evidencias o la presión sobre testigos, riesgos que, según indicó, deben ser prevenidos cuando se investiga a la máxima autoridad del país. Concluidas estas diligencias, el proceso deberá suspenderse hasta el término del mandato de José Jerí, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.
