La investigación abierta en la Audiencia Nacional contra el cantante Julio Iglesias (Madrid, 1943) por una denuncia de dos de sus extrabajadoras, una empleada del hogar y una fisioterapeuta, ha quedado archivada este viernes. La Fiscalía ha concluido que España carece de jurisdicción para investigar unos hechos que, presuntamente, ocurrieron fuera del territorio nacional, concretamente en República Dominicana y Bahamas.
El ministerio público alega la “falta de jurisdicción de los tribunales españoles y, por lo tanto, la falta de competencia de la Fiscalía de la Audiencia Nacional para conocer de la investigación preprocesal de los hechos denunciados”. Además, según explica la Fiscalía, no se cumplen los requisitos establecidos por la Ley Orgánica del Poder Judicial para que los tribunales españoles asuman el caso, como se recoge en el artículo 23. Entre ellos, que exista una conexión relevante con España, que los hechos no estén siendo investigados en otro país competente o que las denunciantes sean españolas o residan en territorio nacional.
Rebeca y Laura, las denunciantes, asesoradas legalmente por Women’s Link Worldwide, son extranjeras y no residen en España. Por este motivo, “no corresponde a España investigar hechos cometidos allende sus fronteras cuando otro Estado tiene competencia clara y efectiva para ello, y no existe motivo para no iniciar las correspondientes acciones penales en el mismo”.
En un comunicado emitido el despacho y Amnistía Internacional y recogido por elDiario.es, quien tras tres años el 13 de enero publicó la investigación al completo y después de que ambas denunciaran a la Fiscalía, han tachado la decisión de “lamentable” y han asegurado que tomarán más acciones legales. Según las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, esta decisión no es recurrible. En la resolución, el Ministerio Fiscal explica a las denunciantes que la vía que deben de seguir ahora, si así lo consideran, es la de “reproducir su denuncia ante los órganos judiciales”.
“La idea de que un ciudadano español podría ser eximido de afrontar un proceso de justicia si los presuntos delitos de los que es acusado no ocurrieron en España y fueron cometidos contra mujeres no españolas, desconoce el principio de extraterritorialidad y, además, el derecho humano fundamental para que todas las mujeres y niñas puedan vivir en un mundo libre de violencias”, detallan en el texto las representantes legales de estas mujeres.
Además, ambas han fundamentado la decisión de presentar la denuncia en España, acogiéndose al Convenio de Varsovia y el Convenio de Estambul que “obligan a los Estados a investigar violaciones de derechos humanos cuando el presunto autor es nacional del país, incluso si los hechos ocurrieron fuera del territorio”.
Como detalla el citado medio, ambas exigen a la Fiscalía de la Audiencia Nacional que considere “toda la información y evidencia presentada y están decepcionadas de que la decisión de la Fiscalía fue comunicada a Women’s Link sin considerar tres escritos legales adicionales que la Fiscalía no contestó”. Además, escriben que el ministerio público ha tomado la decisión en menos de dos semanas, pese a que disponían de seis meses.
La causa se conoció públicamente el ya mencionado 13 de enero, en que elDiario.es y Univisión Noticias publicaron una investigación periodística con los testimonios de ambas mujeres: Rebeca, una empleada del hogar, y Laura, una fisioterapeuta, que relataron haber sufrido agresiones sexuales, lesiones y vejaciones en las mansiones de Iglesias. Una de ellas aseguró incluso que estaban obligadas a someterse a controles médicos de manera periódica, incluidas pruebas ginecológicas y test de enfermedades de transmisión sexual.
El cantante ha negado las acusaciones a través de sus redes sociales: “Con profundo pesar, respondo a las acusaciones realizadas por dos personas que anteriormente trabajaron en mi casa. Niego haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer”, escribió tres días después, el 16 de enero.
Este miércoles, después de solicitar la denuncia a la Fiscalía, el cantante publicó en Instagram capturas de pantalla con conversaciones que, supuestamente, habría mantenido con sus exempleadas, con el objetivo de demostrar la falsedad de los hechos.
Sin embargo, esto podría suponer nuevas consecuencias para Iglesias, ya que la difusión de conversaciones privadas podría a ser parte de un delito penal y civil. La Constitución Española recoge en su artículo 18 “el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen”, que en su punto tercero es tajante al declarar que “se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial”. Además, a esto se le suma el artículo 197 del Código Penal, que regula el delito de descubrimiento y revelación de secretos.
Más allá de las posibles consecuencias penales, la conducta de Iglesias podría dar lugar también a responsabilidades en el ámbito civil por una eventual vulneración de los derechos al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, amparados por la Ley Orgánica 1/1982. Las denunciantes tendrían la opción de reclamar una compensación económica por los daños morales ocasionados, especialmente teniendo en cuenta la proyección pública del artista y la amplia difusión de sus mensajes en redes sociales. A ello se suma la posible infracción de la normativa de protección de datos, que podría acarrear sanciones de hasta 40.000 euros por la divulgación de información personal sin consentimiento.
