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La Fiscalía de Israel imputó a doce personas, entre ellas varios reservistas del Ejército, por su presunta participación en una red de contrabando que introdujo bienes prohibidos en la Franja de Gaza aprovechando el alto el fuego con el grupo terrorista Hamas. Los acusados enfrentan cargos de “ayudar al enemigo durante tiempo de guerra” y “financiación de actividades terroristas”, delitos que en el código penal israelí conllevan penas de hasta cadena perpetua en casos de guerra.
La Policía israelí informó que los arrestos se produjeron tras descubrir que los sospechosos introducían de contrabando mercancías prohibidas en Gaza “aprovechando el alto el fuego y la entrada de ayuda humanitaria”, en referencia al acuerdo de tregua alcanzado en octubre de 2025 entre Israel y Hamas. Las detenciones forman parte de una investigación conjunta entre la Policía y el servicio de seguridad interna Shin Bet, que reveló la existencia de una red organizada que operaba desde el inicio del cese al fuego.
Según el comunicado policial, las investigaciones permitieron identificar a “decenas de israelíes, residentes de Cisjordania y Gaza, así como habitantes de la Franja” involucrados en el contrabando de mercancías y equipos prohibidos. Las autoridades señalaron que “varios elementos, incluidos ciudadanos israelíes, se están aprovechando de la nueva realidad sobre el terreno” creada por el alto el fuego para introducir ilegalmente productos en el enclave palestino.
Los bienes introducidos de contrabando incluían cigarrillos, teléfonos iPhone, cargadores, cables para telecomunicaciones y piezas de repuesto para vehículos, según informó el diario israelí The Times of Israel. Algunos de estos productos están clasificados por Israel como artículos de “doble uso”, categoría que abarca bienes civiles que podrían emplearse con fines militares o para “actividades terroristas”, lo que justifica su prohibición de entrada a Gaza bajo la normativa de seguridad israelí.
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El caso adquirió mayor resonancia tras conocerse que la red de contrabando supuestamente mantiene vínculos con Bezalel Zini, hermano del actual jefe del Shin Bet, David Zini. Aunque esta persona no fue formalmente imputada y la Policía no confirmó oficialmente que figure entre los sospechosos, el comunicado policial señala que tres personas adicionales “están siendo interrogadas” en el marco de la investigación. La posible conexión familiar del caso con el máximo responsable del servicio de inteligencia interna generó especulaciones en medios israelíes sobre las implicaciones políticas del escándalo.
La participación de reservistas del Ejército israelí en la trama resulta especialmente grave desde la perspectiva de las autoridades, dado que estos individuos tienen acceso a zonas militares restringidas y conocimiento de los procedimientos de seguridad en los cruces fronterizos con Gaza. Durante el conflicto iniciado en octubre de 2023, Israel mantuvo un estricto control sobre la entrada de mercancías al enclave, permitiendo únicamente la ayuda humanitaria bajo supervisión internacional y prohibiendo categóricamente artículos que considere de potencial uso militar.
El alto el fuego alcanzado en octubre de 2025 estableció un mecanismo supervisado para la entrada de ayuda humanitaria a Gaza, que incluye la participación de observadores internacionales y la inspección de todos los cargamentos. Sin embargo, las autoridades israelíes sostienen que este contexto de mayor flujo de mercancías fue aprovechado por redes criminales para introducir productos prohibidos mediante rutas clandestinas o sobornos a funcionarios de control.
La Policía y el Shin Bet subrayaron que “el contrabando constituye una amenaza importante para la seguridad del Estado de Israel, ya que ayuda a la supervivencia y la gobernanza de Hamas como resultado de los beneficios económicos de los bienes introducidos en la Franja”. Según el comunicado conjunto, estas actividades “contribuyen al fortalecimiento de Hamas, la construcción de poder y la restauración de las capacidades militares” del grupo palestino, que Israel y Estados Unidos clasifican como organización terrorista.
