El próximo martes, la Corte Suprema de Justicia de Guatemala definirá si el periodista José Rubén Zamora puede abandonar la prisión preventiva tras 1,280 días y enfrentar en libertad el segundo de los tres procesos judiciales abiertos en su contra.
Esta audiencia, que busca resolver un amparo con el que la defensa pretende que Zamora recupere su derecho a la presunción de inocencia, llega en un contexto de tensión para la prensa independiente y bajo la mirada de organismos nacionales e internacionales.
Mientras el futuro inmediato del fundador del desaparecido diario elPeriódico se decide en los tribunales, el viernes anterior, la misma Corte Suprema dio un giro al confirmar que las publicaciones de ocho periodistas y columnistas del medio deben evaluarse bajo la Ley de Emisión del Pensamiento y no por la vía penal.
De acuerdo con el colectivo No Nos Callarán, esta resolución representa un freno al uso del derecho penal contra las expresiones de interés público.
En paralelo, la presión judicial sobre Zamora persiste. Su hijo Ramón Zamora informó que la fiscal general Consuelo Porras interpuso una nueva denuncia contra el periodista, esta vez por supuesta discriminación, que derivó en la citación de Zamora ante la Fiscalía de la Mujer para una primera declaración el 30 de abril.
La detención de José Rubén Zamora ocurrió el 29 de julio de 2022, apenas cinco días después de que publicara acusaciones de corrupción contra el expresidente Alejandro Giammattei (2020-2024).
El caso por el que fue aprehendido incluye cargos de lavado de dinero, chantaje, tráfico de influencias, proposición y conspiración para el lavado de activos, y se originó en una denuncia del exbanquero Ronald García Navarijo, quien acusó a Zamora de extorsión para dejar de mencionarlo en sus publicaciones.
El Ministerio Público sostiene que Zamora habría recibido dinero y planeaba ocultar su origen a través de transacciones bancarias, subrayando que el proceso penal se dirige a su papel como empresario y no como periodista.
Durante el allanamiento en el proceso principal, las autoridades decomisaron alrededor de Q.200,000 (unos USD 25,600). La fiscalía argumentó que Zamora había solicitado este monto a García Navarijo a cambio de información confidencial proporcionada por el exfiscal Juan Francisco Sandoval y la exagente fiscal Samari Carolina Gómez, quien también fue detenida por filtrar datos de investigaciones en curso.
En el desarrollo probatorio, el Ministerio Público presentó audios y documentos para apuntalar su hipótesis. Un material clave fue el audio en el que Zamora solicita información a Sandoval y conversa con sus abogados sobre los mecanismos para encubrir el dinero recibido. También involucraron a Flora Silva Flores, exgerente de la empresa editora de elPeriódico, capturada en agosto de 2022 e imputada por simular un negocio comercial para aparentar el origen lícito del dinero.
El 8 de diciembre, Silva Flores aceptó los cargos y confesó ante el juez: “él era quien manejaba todos los aspectos financieros y yo solo ejecutaba lo que él decidía”. Por ello fue condenada a seis años de prisión, que se redujeron a tres tras aceptar su responsabilidad, y quedó en libertad tras abonar la multa correspondiente.
En sus declaraciones iniciales, Zamora sostuvo que los Q.300.000 ingresados por García Navarijo al sistema bancario provenían de la venta de una pintura de su propiedad destinada al pago de salarios.
Posteriormente, presentó un documento de compra-venta cuya autenticidad fue desmentida en el juicio, aunque Zamora insistió en que el dinero fue aportado por Alejandro Girón Lainfiesta. La fiscalía sostiene que ambos relatos carecen de veracidad, y considera que la documentación falsa constituyó un intento de obstaculizar la persecución penal.
El segundo proceso que mantiene a José Rubén Zamora privado de libertad corresponde a acusaciones de obstrucción a la justicia derivadas de la investigación sobre la procedencia de los fondos bancarios. Además, existe un tercer expediente por presunta falsificación de firmas en documentos de viaje.
Las ramificaciones legales han alcanzado al entorno de Zamora. En abril de 2023, dos exabogados defensores—Juan Francisco Solorzano Foppa y Justino Brito Torres—fueron detenidos por presentar el documento fraudulento de la supuesta venta de arte.
También se encausó a Juan Carlos Marroquín Godoy, abogado y primo del periodista. Tanto los supuestos compradores del cuadro, Alejandro Girón Lainfiesta y Orlando Alejandro álvarez Zamora, admitieron ante el juez que fabricaron la documentación falsa y recibieron 1.5 años de prisión conmutables. Marroquín Godoy, igualmente, aceptó su participación en la simulación del negocio.
