La Fiscalía General del Estado ejecutó allanamientos en el marco del denominado caso “Caja Chica”, una investigación previa por presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos vinculada al financiamiento de la campaña presidencial del correísmo durante las elecciones extraordinarias del 2023. Entre los inmuebles intervenidos se encuentra la vivienda de la excandidata presidencial Luisa González, según informó la institución.
De acuerdo con los comunicados difundidos por la Fiscalía en sus canales oficiales, el operativo se desarrolló de forma conjunta con la Policía Nacional y comprendió tres inmuebles, dos ubicados en la provincia de Pichincha y uno en Guayas. El objetivo fue recabar indicios que permitan avanzar en la investigación sobre el presunto ingreso de dinero ilícito en efectivo desde Venezuela para financiar actividades proselitistas durante la campaña electoral.
La Fiscalía señaló que, durante las diligencias, se incautaron teléfonos celulares, pasaportes, memorias USB, documentos y otros elementos, los cuales serán sometidos a análisis técnico y pericial conforme a la normativa vigente. La institución subrayó que estas actuaciones se enmarcan en una investigación previa, etapa en la que no se establecen responsabilidades penales, sino que se recopilan indicios para determinar la existencia o no de un delito.
El caso generó una inmediata reacción política. El expresidente Rafael Correa, sentenciado por corrupción y asilado en Bélgica, calificó los allanamientos como una “persecución judicial” y sostuvo que la actuación de la Fiscalía responde a un intento de desviar la atención de otros temas de la agenda pública. En un pronunciamiento difundido en redes sociales, Correa aseguró que las diligencias se ejecutaron a partir de una denuncia con reserva de identidad presentada en noviembre, cuyo contenido, afirmó, no habría sido conocido por los investigados hasta la ejecución de las medidas.
En la misma línea, dirigentes y figuras cercanas a la Revolución Ciudadana expresaron su respaldo a González y cuestionaron la oportunidad y el alcance del operativo. Entre los nombres mencionados por la Fiscalía como parte de la investigación constan el también ex candidato presidencial Andrés Arauz, el asambleísta Patricio Chávez y la exsuperintendenta de Compañías Suad Mansur, entre otros.
Desde la Fiscalía se precisó que la investigación se tramita conforme a las garantías del debido proceso y que las personas mencionadas han sido notificadas para que puedan ejercer su derecho a la defensa. La institución recordó que la reserva de identidad del denunciante es una figura prevista en la legislación ecuatoriana para proteger a quienes aportan información en casos sensibles, y que su utilización no implica, por sí misma, irregularidades en el procedimiento.
El anuncio del operativo fue acompañado por material fotográfico publicado por la Fiscalía, en el que se observan agentes durante las diligencias y parte de los objetos levantados como indicios. La entidad enfatizó que la publicidad de los actos investigativos responde a su política de transparencia, sin perjuicio de las restricciones legales propias de una investigación en curso.
Tras la captura y detención de Nicolás Maduro, sectores del oficialismo y algunos legisladores han reactivado denuncias sobre el financiamiento de campañas del correísmo. Estas acusaciones se han apoyado más en señalamientos políticos y contextos regionales que en la presentación pública de pruebas concretas.
Durante el proceso electoral de 2025, el entonces candidato y hoy presidente Daniel Noboa acusó públicamente a dirigentes del correísmo y a la candidata González de haber recibido “pagos directos, sueldos, asesorías y otros beneficios” por parte del régimen de Maduro.
Según Noboa, estos supuestos vínculos económicos evidenciarían que el correísmo no actuaría con autonomía política, sino alineado a los intereses del régimen venezolano. Meses después, en agosto de 2025, el mandatario fue más allá y aseguró que existiría un “informe de inteligencia de Estados Unidos” que probaría que Venezuela financió la campaña de González, argumento que reforzó señalando que el nivel de gasto electoral había sido “impresionante”. No obstante, ese informe nunca fue hecho público.
El señalamiento se inscribió, además, en un contexto más amplio de discursos oficiales sobre presuntas redes de financiamiento político regional. Tras la captura de Maduro en enero de 2026, autoridades del gobierno ecuatoriano sugirieron que ese hecho podría destapar un supuesto esquema de financiamiento desde PDVSA hacia actores políticos vinculados al correísmo en Ecuador, mencionando a personas cercanas a González entre los posibles beneficiarios.
