Tras un acuerdo entre el PSOE y Podemos, el Gobierno ha iniciado los trámites para una regularización extraordinaria dirigida a personas migrantes que ya residen en el país y que podría beneficiar a unas 500.000 personas. El objetivo principal es «garantizar derechos y ofrecer nuevas oportunidades» a todas esas personas que actualmente se encuentran en situación administrativa irregular, tal y como ha informado este martes el Ministerio de Migraciones en un comunicado.
El pacto entre PSOE y Podemos para impulsar la regularización extraordinaria de personas migrantes no surge solo de la acción política, sino que también responde a la presión social ejercida por la Plataforma Regularización Ya. Esta agrupación, integrada por decenas de asociaciones, consiguió en 2022 cerca de 700.000 firmas para tramitar una iniciativa legislativa popular (ILP) que reclamaba una regularización y, aunque el Congreso aceptó debatir la propuesta, las negociaciones entre los partidos no avanzaron y la iniciativa quedó paralizada. Por ello, la plataforma ha celebrado que finalmente el Gobierno apruebe este martes la regularización extraordinaria vía real decreto, sin necesidad de pasar por el Congreso.
El Gobierno justifica el momento de la medida como una respuesta a una demanda social que “reconoce y dignifica a quienes ya viven en el país”. A continuación recopilamos cuáles son los puntos clave de esta regularización extraordinaria.
– La medida beneficiará a quienes hayan solicitado protección internacional antes del 31 de diciembre de 2025, así como a quienes acrediten al menos cinco meses de residencia efectiva en el país antes de esa fecha.
– Otro de los requisitos que pide el Gobierno a los solicitantes es que no tengan antecedentes penales ni supongan una amenaza para el orden público, conforme establece el Estado de Derecho.
– Para probar la permanencia en España, las personas migrantes podrán presentar cualquier documento público, privado o una combinación de ambos.
– La autorización concedida será de residencia con permiso de trabajo, válida en todo el territorio nacional y para cualquier sector, ya que se busca favorecer la integración laboral y social.
– El permiso inicial tendrá una vigencia de un año y permitirá después acceder a las figuras ordinarias del Reglamento de Extranjería, lo que facilitaría una integración progresiva y estable.
– La regularización contempla la protección de la unidad familiar, por lo que hijos e hijas menores de edad que ya se encuentren en España podrán regularizarse de manera simultánea, con una autorización de residencia de cinco años.
– El plazo máximo de tramitación será de tres meses. Sin embargo, con la simple admisión a trámite, que deberá resolverse en un máximo de quince días, las personas podrán empezar a trabajar de inmediato.
– Las solicitudes podrán presentarse a partir de abril, una vez completados los trámites del real decreto, y el proceso estará abierto hasta el 30 de junio de 2026.
– La regularización extraordinaria no solo permite que las personas trabajadoras accedan a derechos y mayor protección, sino que también ofrece a las empresas un marco de seguridad jurídica y contribuye a disminuir la economía sumergida y la explotación laboral.
El Ministerio de Migraciones explica que esta regularización extraordinaria de personas migrantes es la “primera gran medida del Plan de Integración y Convivencia”, y se inscribe en una estrategia que apuesta por “una migración regular, segura y ordenada”.
Cabe recordar que España ya tiene experiencia en este tipo de medidas, pues desde los años 80 se han realizado varias regularizaciones extraordinarias, tanto con gobiernos del Partido Popular (2000 y 2001) como del Partido Socialista (1986, 1991, 1996 y 2005). Además, en la Unión Europea, se han puesto en marcha desde los años 90 más de 40 regularizaciones similares, con ejemplos recientes en Italia y Portugal.
