Venezuela excarceló este viernes a Arturo Gallino Rullier, un hombre con nacionalidad estadounidense y peruana detenido desde el 29 de noviembre pasado, en el marco de un proceso de liberaciones iniciado el 8 de enero que hasta ahora ha permitido la salida de 302 presos políticos de las cárceles venezolanas.
La información fue confirmada por el director presidente de Foro Penal, Alfredo Romero, quien precisó a través de la red social X que Gallino Rullier permanecía recluido en la cárcel El Rodeo I, ubicada en el estado Miranda, al norte del país, y que ya se encuentra en camino a Estados Unidos.
Las autoridades estadounidenses anunciaron el viernes la liberación de todos los ciudadanos estadounidenses que se sabe que están presos en Venezuela, una importante concesión diplomática de las nuevas autoridades de Caracas.
“Nos complace confirmar la liberación, por parte de las autoridades interinas, de todos los ciudadanos estadounidenses que se sabe que están presos en Venezuela”, publicó la embajada en Caracas en redes sociales.
La liberación de Gallino Rullier se produce en un contexto marcado por la presión internacional para que el régimen venezolano, ahora encabezado interinamente por Delcy Rodríguez, avance en la revisión de casos de encarcelamiento político.
EFE/ Miguel Gutiérrez
El proceso de excarcelaciones se anunció el 8 de enero, cinco días después de la operación militar estadounidense que culminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores en el complejo militar de Fuerte Tiuna. Maduro fue extraditado a Estados Unidos, donde enfrenta cargos de narcoterrorismo ante un tribunal federal de Manhattan, y desde entonces Rodríguez asumió como líder del régimen bajo la figura de “ausencia temporal” determinada por el Tribunal Supremo de Justicia.
El balance de Foro Penal, actualizado hasta el jueves, registra 302 excarcelaciones verificadas desde el 8 de enero, aunque el número real podría ser mayor debido a casos no reportados por temor a represalias. La organización, dedicada a la defensa de los presos políticos en Venezuela, mantiene un monitoreo independiente y minucioso de cada liberación para distinguir entre personas detenidas por motivos políticos y aquellas encarceladas por otros delitos.
Alfredo Romero ha insistido en que no todo excarcelado es un preso político, aunque la privación arbitraria de libertad constituya en todos los casos una violación a los derechos humanos.
Sin embargo, varias organizaciones de derechos humanos han aclarado que las excarcelaciones no equivalen a libertad plena. Martha Tineo, coordinadora de la organización Justicia, Encuentro y Perdón, explicó que a los liberados se les otorgaron medidas sustitutivas a la privativa de libertad, lo que implica restricciones severas. Entre estas figuran la prohibición de salir del país, la obligación de presentarse periódicamente ante los tribunales y la prohibición expresa de declarar a los medios de comunicación sobre sus casos.
Estas condiciones limitan drásticamente la movilidad y capacidad de expresión de quienes abandonan las cárceles, y han generado denuncias de que las excarcelaciones responden más a una estrategia de alivio de presión internacional que a un genuino proceso de justicia.
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El pasado 8 de enero, el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, anunció que el régimen procedería a la excarcelación de un “número importante de personas”, sin precisar cantidades, identidades ni las condiciones bajo las cuales se otorgarían las libertades. Esta falta de transparencia ha generado frustración entre familiares de presos políticos y organizaciones defensoras de derechos humanos, que reclaman una lista oficial que permita conocer quiénes son los beneficiados y bajo qué términos recuperan su libertad.
Durante semanas, familiares han mantenido vigilias frente a centros de detención como El Helicoide, El Rodeo I, Ramo Verde, Yare y Tocorón, exigiendo información clara y garantías de que las liberaciones no sean selectivas ni condicionadas.
La situación de los extranjeros detenidos en Venezuela ha cobrado particular relevancia en las últimas semanas. Foro Penal ha registrado la presencia de decenas de ciudadanos extranjeros o personas con doble nacionalidad entre los presos políticos, incluidos peruanos, argentinos, estadounidenses y ciudadanos de otras naciones.
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El caso del gendarme argentino Nahuel Gallo y del ex militar mexicano-estadounidense Joseph Castañeda, ambos aún recluidos en El Rodeo I, ejemplifica la complejidad de las detenciones de extranjeros en territorio venezolano. Perú, por su parte, logró la liberación de Marco Antonio Madrid el 13 de enero mediante gestiones diplomáticas con la colaboración de Brasil y Colombia, en un proceso que evidenció las dificultades de operar sin relaciones diplomáticas formales con Venezuela desde julio de 2024.
La excarcelación de Gallino Rullier se suma a un panorama donde persisten dudas sobre el alcance real del proceso de revisión de casos. Organizaciones como el Comité por la Libertad de los Presos Políticos han denunciado que algunos excarcelados fueron amenazados para que no relaten lo ocurrido en las cárceles y que se prohibió a sus familiares dar declaraciones públicas.
Estos testimonios refuerzan la percepción de que las liberaciones están acompañadas de mecanismos de control y silenciamiento que perpetúan el clima de temor y limitan el ejercicio pleno de los derechos civiles de quienes recuperan su libertad.
