La dictadura de Nicaragua mantiene en sus cárceles a un grupo de presos políticos a quienes ha tratado con particular crueldad. Se calculan actualmente en 38 personas y 10 de ellas llevan presas más de 10 años. Desde sus celdas, a menudo mazmorras de castigo, han visto pasar una tras otra las liberaciones realizadas en los últimos siete años.
A diciembre de 2025, el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas registraba 62 personas en prisión política. Sin embargo, el 10 de enero, una semana después de la captura de Nicolás Maduro, el régimen de Ortega excarceló a 24 presos políticos.
Por otro lado, el Monitoreo Azul y Blanco reportó en esos días la detención de 71 nicaragüenses que celebraron en redes sociales la captura de Nicolás Maduro a través de una operación militar de Estados Unidos en Venezuela. De ese grupo, 38 personas habrían sido ya liberadas entre el 3 y el 8 de enero, según información del Monitoreo.
Los organismos de derechos humanos prefieren llamar “excarcelaciones” a estos eventos y no liberaciones, porque los presos políticos pasan a sus casas a un régimen de libertad condicionada, donde deben reportarse todos los días en una unidad policial y tienen prohibido dar declaraciones o salir de su municipio.
Quienes quedan en las cárceles de la dictadura son un grupo que el régimen de Ortega trata con especial saña y que se ha negado a liberar en las reiteradas excarcelaciones que ha hecho.
Nueve personas del grupo actual de presos políticos, se consideran en condición de “desaparición forzada”, explica Claudia Pineda, vocera del Monitoreo Azul y Blanco. No tienen proceso legal abierto, no reciben visitas familiares ni tienen acceso a un abogado, y no se sabe dónde y en qué condiciones, están.
Se trata de ocho líderes y guardabosques pertenecientes al Pueblo Indígena Mayangna que se encuentran presos en la cárcel “La Modelo”, en Tipitapa, a 500 kilómetros de su territorio. Son autoridades comunitarias y voluntarios encargados de vigilar y proteger su territorio ancestral frente a invasiones, depredación ambiental y agresiones armadas.
Entre 2021 y 2023 fueron detenidos y condenados, en su mayoría sin orden judicial, ocho de ellos identificados como Dionisio Robins Zacarías, Donald Andrés Bruno Arcángel, Argüello Celso Lino, Ignacio Celso Lino, Rodrigo Bruno Arcángel, Tony Bruno Smith, Oliver Bruno Palacios y Evertz Bruno Palacios.
En cuatro casos, las condenas se vinculan a la masacre de Kiwakumbaih (23 de agosto de 2021), pese a que víctimas y testigos señalaron reiteradamente a atacantes no indígenas armados y vestidos con ropa militar. Aun así, la versión oficial responsabilizó a un grupo mayangna y procesó a 14 indígenas, varios de ellos guardabosques.
Los ocho guardabosques “habrían sido ubicados en celdas de máxima seguridad sin acceso a un patio donde puedan tomar sol, y bajo tortura psicológica ya que los mantendrían encerrados y aislados en celdas”, indica la carta que la relatora especial de la ONU envío al gobierno de Nicaragua en septiembre de 2025.
“Preocupan gravemente las denuncias de tratos crueles, inhumanos y degradantes, que incluirían episodios de violencia física, tortura y agresiones sexuales por parte de custodios y otros internos, lo cual representaría una grave vulneración a la integridad física y a la prohibición absoluta de la tortura”, añadió la misiva que no tuvo respuesta del régimen.
Angélica Patricia Chavarría Altamirano, de 39 años y vinculada a opositores, fue detenida el 19 de mayo de 2024. Era la pareja sentimental de fallecido Humberto Ortega, exjefe del Ejército y hermano del dictador Daniel Ortega. La Corte Interamericana ordenó su libertad inmediata junto con otros dos desaparecidos, pero Nicaragua no respondió.
El 19 de mayo de 2024, Angélica Chavarría fue apresada por agentes del régimen en su residencia en Managua junto a su pareja, el mismo día en que se publicó una entrevista de Humberto Ortega en Infobae en la que criticaba abiertamente la falta de sucesión democrática en el país y cuestionaba la capacidad de Rosario Murillo para liderar la dictadura tras la eventual muerte de su esposo.
Una fuente cercana al ex militar asegura que la saña del régimen contra Angélica Chavarría se origina en que ella habría proporcionado el teléfono desde el que Ortega denunció la represión que estaba sufriendo la noche que lo apresaron.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a su favor, y el sistema interamericano escaló el caso ante la falta de información y el riesgo para su vida e integridad. El régimen no ha dado explicación verificable sobre dónde está, en qué condiciones se encuentra ni bajo qué causa se le retiene.
Este grupo existe desde antes de abril de 2018. Son nueve condenados por un ataque contra una caravana sandinista en Matagalpa, un caso resuelto con rapidez policial y sustentado en confesiones y relatos cuestionados por organismos de derechos humanos y defensas.
La noche del 19 de julio de 2014 un grupo armado atacó a una caravana de buses con simpatizantes sandinistas que regresaban de Managua tras celebrar el 35 aniversario de la revolución sandinista. Cinco personas murieron y 24 resultaron heridas.
Policías y civiles encapuchados capturaron, acusaron y condenaron por la masacre a los conocidos opositores de la región: Wilfredo José Balmaceda Castrillo, Walter José Balmaceda Ruiz, Zacarías Isabel Cano Angulo, José Ricardo Cortez Dávila, Eddy Antonio Gutiérrez Delgadillo, Rosendo Antonio Huerta González, Jairo Alberto Obando Delgadillo, Leonel Antonio Poveda Palacios y José Olivar Meza Raúdez.
La Unidad de Defensa Jurídica (UDJ), un organismo creado para defender “a los nicaragüenses detenidos arbitrariamente”, señala diferentes formas de tortura usados contra estos acusados, que incluyen golpes con culatas de fusil, asfixia con sogas, extracción de uñas y dientes, choques eléctricos, amenazas contra sus familias y violencia sexual.
El informe detalla casos como el Jairo Obando, torturado sexualmente con la punta de un fusil AK introducida en su cuerpo, y el de Eddy Gutiérrez, quien fue sumergido desnudo en un barril con agua electrificada, golpeado con cables y obligado a inhalar gases tóxicos. Las confesiones obtenidas bajo tortura fueron presentadas como “pruebas” por la Policía Nacional.
Este grupo permanece desde 2015 recluido en la galería de máxima seguridad conocida como “La 300”, en el penal La Modelo, bajo condiciones de aislamiento.
Marvin Vargas, conocido como El Cachorro, tiene 56 años y los últimos 15 años de su vida los ha pasado en solitario en una pequeña celda oscura y con poca ventilación. Es considerado el primer preso político del régimen de Daniel Ortega por el Grupo de Reflexión Excarcelados Políticos (GREX).
Hasta principios de 2011, Vargas era un aliado de Daniel Ortega, y decidió protestar por las promesas incumplidas a los veteranos de guerra organizados en la Asociación de Cachorros de Sandino, que él dirigía. La respuesta a su reclamo fue violenta y, para algunos cercanos a él, “existe la voluntad de mantenerlo preso hasta el fin de sus días”.
El domingo 8 de mayo de 2011 patrullas de policías llegaron por Vargas a su casa, en Managua. Por siete meses pasó preso sin cargo alguno hasta que apareció una acusación por el delito de Estafa Agravada. Dos personas que no se presentaron al juicio ni se les ubicó en la dirección que reportaban, lo acusaban de estafarlos con tres mil dólares. Aun así, el 16 de febrero 2012, Vargas fue condenado a cinco años y seis meses de cárcel.
El 7 de noviembre 2016 se cumplió la condena de cárcel impuesta contra Vargas y no fue liberado a pesar de que una juez giró la orden de libertad respectiva.
Seis meses más tarde, y aún preso a pesar de cumplir su condena, llegaría un nuevo cargo contra Vargas: el Sistema Penitenciario Nacional lo acusó de tráfico interno de estupefacientes. El GREX considera “insólita” esta nueva acusación dado que el reo se encontraba en una galería de máxima seguridad, y en régimen de aislamiento. “Del inicio de este proceso nadie se enteró, pues fue realizado prácticamente en secreto”, dice el organismo en un documento publicado en 2019.
Vargas fue condenado a otros 12 años y ocho meses. “El odio contra Marvin Vargas se debe a que fue el primer disiente que se atrevió a desafiar al régimen. Fue el primer rebelde en sus filas (de Ortega), es un líder natural. Y esos líderes naturales son peligrosos para la dictadura. No tiene explicación racional”, considera un compañero de Vargas.
Marvin Vargas, El Cachorro, deberá salir de la cárcel a finales del 2029, con 59 años, si es que sobrevive a sus múltiples enfermedades y si esta vez la dictadura se lo permite.
El abogado Manuel Urbina Lara, 63 años, crítico fuerte de Ortega y Murillo, permanece en prisión desde el 24 de enero de 2021 tras un accidente de tránsito en Jinotega en el que falleció el campesino José Antonio Ruiz Rizo, a quien llevaba como pasajero en vehículo.
Fue condenado por homicidio imprudente, a pesar de que la familia de la víctima aceptó mediar con Urbina Lara para llegar a un acuerdo económico y evitar la prisión, tal como lo establece la ley nicaragüense. Sin embargo, continua en prisión aun cuando el 24 de enero de 2025 cumplió la condena impuesta.
Urbina Lara es un veterano antisandinista, fue miembro de la contrarrevolución en los años 80 y el 8 de marzo de 1993 lideró grupo de armados que se tomó la Embajada de Nicaragua en Costa Rica que exigía seis millones de dólares, la destitución del entonces jefe del Ejército, Humberto Ortega y procesar al antiguo jefe de la seguridad sandinista Lenín Cerna.
Brooklyn Rivera Bryan, líder miskito, está detenido desde el 29 de septiembre de 2023 en Bilwi. Nadie de su familia ha logrado verlo y no existe información oficial verificable sobre su situación física o legal.
Rivera es líder del partido indígena Yatama, cuyo nombre se origina de la frase en misquito “Yapti Tasba Masraka Nanih Aslatakanka” (hijos de la madre tierra), agrupación política que hasta principios de octubre de 2023 mantenía una representación parlamentaria conseguida en las elecciones generales de noviembre 2021.
La captura del diputado se produjo después de que participara en el Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas, celebrado en Nueva York entre el 18 y 28 abril de 2023.
Durante su intervención en el foro, Rivera denunció la invasión de colonos en territorios indígenas en Nicaragua y la indolencia de las autoridades nacionales para proteger los derechos de los dueños legítimos de esas tierras.
Cuando intentó viajar para su regreso, el gobierno le impidió su ingreso al país a pesar de ser un diputado en funciones. Rivera decidió ingresar en mayo de ese mismo año por la Mosquitia, territorio indígena fronterizo con Honduras.
Durante un tiempo vivió alternado casas para protegerse de una eventual captura, pero el 29 de septiembre de 2023, alrededor de las 8:30 de la mañana, fue detenido mientras se encontraba en su vivienda, en Bilwi.
Luego de la captura de Rivera, el régimen nicaragüense detuvo también a su suplente parlamentaria, Nancy Elizabeth Henríquez James. A ambos los despojó de sus condiciones de diputados por “inasistencia”, confiscó sus propiedades e ilegalizó al partido indígena Yatama bajo acusaciones de “traición a la patria”.
Amnistía Internacional lo ha descrito a Rivera como preso de conciencia y ha subrayado el impacto de su detención como parte de una estrategia para desarticular liderazgo indígena y autonomía política en el Caribe nicaragüense.
Stedman Fagoth, exasesor presidencial de Daniel Ortega, 71 años y líder miskito. Fue detenido el 14 de agosto de 2024 después de criticar en un programa radial la actuación del ejército en la protección a los indígenas que sufren los ataques de colonos que buscan quitarles sus tierras.
“Esta nación mayangna, esta nación misquita tiende a desaparecer, no pasa de quince años”, advirtió el 13 de agosto de 2024 Fagoth. Al día siguiente fue apresado por el Ejército y entregado a la Policía “para las investigaciones correspondientes” por cargos de narcotráfico y crimen organizado. Desde entonces no se sabe nada de él.
El coronel retirado Víctor Boitano Coleman fue detenido el 23 de abril de 2024 en Managua, en un operativo en el que la Policía lo golpeó antes de llevárselo. Desde entonces, su rastro público es mínimo: excarcelados han dicho haberlo visto en La Modelo, pero no hay información oficial.
Boitano es un coronel retirado del Ejército de Nicaragua. Publicó varios libros con críticas al gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y en 2011 fue detenido y obligado a apartarse de la vida política. Al salir, durante un tiempo, se volvió propagandista del régimen. El 13 de mayo de 2018, sin embargo, se fue a vivir a Italia y volvió a Nicaragua en septiembre de 2023 a través de la frontera de Peñas Blancas que comparte con Costa Rica, confiado que su caso había quedado en el olvido.
Otros nombres que integran este grupo son antiguos miembros del círculo cercano de Ortega, como Bayardo Arce, histórico comandante y asesor económico, capturado con un despliegue policial a finales de julio de 2025. Álvaro Baltodano Cantarero, general de brigada en retiro, operador político de Ortega y ministro asesor durante años, fue detenido el 14 de mayo de 2025 y sentenciado a 20 años por supuesta “traición a la patria”. Néstor Moncada Lau, uno de los principales operadores de seguridad del régimen que cayó en desgracia, fue capturado y trasladado a La Modelo en agosto de 2025.
La exguerrillera y desterrada política, Dora María Téllez, dice que la saña de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra los de su propio círculo caídos en desgracia, busca ser “un castigo ejemplarizante” para amedrentar a otros de sus cercanos que podrían tener posiciones críticas. “Buscan demostrar que nadie está a salvo, que ninguna condición protege a nadie”, dice.
