En Paraguay, los gobiernos del Mercosur y la Unión Europea (UE) se disponen a firmar el tratado de libre comercio que esperan cerrar tras 26 años de negociaciones.
El acuerdo, que fue aprobado políticamente por el bloque europeo en los primeros días de enero, requiere el visto bueno de los mandatarios sudamericanos, paso previo a avanzar hacia las ratificaciones parlamentarias que permitirán su entrada en vigor.
El pacto constituye un hito diplomático y comercial para ambas regiones. Implica la creación de uno de los mayores acuerdos de libre comercio del mundo al integrar un bloque sudamericano —Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay— con el europeo, que suma 450 millones de consumidores y cerca del 15% del producto bruto global.
La firma se da en un contexto de expectativas por los efectos sobre el comercio bilateral, las inversiones y la regulación de estándares sanitarios y comerciales. El trato, que se negoció de manera intermitente desde mediados de los años 90, fija compromisos sobre aranceles, cuotas, derechos de exportación y normas fitosanitarias que alcanzan a sectores clave de la actividad económica.
El texto se organiza en tres pilares principales: el comercial, el político y el de cooperación, con compromisos que abarcan desde la eliminación de barreras arancelarias hasta la definición de normas regulatorias que impactarán en la cadena de comercio entre ambas regiones.
Uno de los componentes más significativos para la Argentina y los demás miembros del Mercosur es el acceso preferencial al mercado europeo. El entendimiento establece que la UE eliminará aranceles para el 92% de las exportaciones del Mercosur y concederá acceso preferencial para otro 7,5%, dejando prácticamente 99% de las exportaciones agrícolas del bloque sudamericano bajo beneficios arancelarios preferenciales.
Del lado sudamericano, el Mercosur también reducirá de manera escalonada sus aranceles a productos europeos. Según las estimaciones oficiales, esto permitirá equilibrar las condiciones frente a competidores que ya cuentan con acuerdos con la UE, como Chile o México.
El acuerdo contempla distintos mecanismos de apertura:
- Eliminación inmediata de aranceles para numerosos productos, incluidos bienes relevantes para la canasta exportadora argentina, como harina y porotos de soja, maní, frutas frescas, legumbres y productos pesqueros.
- Desgravación gradual en bienes como aceites vegetales, preparaciones alimenticias, vinos y alimentos procesados, con plazos que pueden extenderse entre cuatro y diez años.
- Cuotas arancelarias para productos sensibles, entre ellos carnes (bovina, porcina y aviar), arroz, maíz, miel, quesos y leche en polvo, que se asignarán al Mercosur en su conjunto y requerirán posteriores definiciones internas para su distribución entre los países.
- Cambios en los derechos de exportación (DEX): El entendimiento fija compromisos en materia de retenciones a las exportaciones con destino a la Unión Europea. A partir del tercer año desde la entrada en vigor del instrumento comercial interino, la Argentina dejará de aplicar derechos de exportación a la mayoría de los productos exportados a ese mercado.
- Previsibilidad sanitaria y fitosanitaria: El capítulo sanitario fijó reglas claras para el acceso de productos argentinos al mercado europeo. El texto estableció plazos obligatorios para auditorías, evaluaciones y habilitaciones, priorizó el uso de criterios científicos y creó un mecanismo bilateral de consultas.
- Limitación de instrumentos discrecionales de comercio exterior: en materia de comercio de bienes, el acuerdo ratifica la prohibición de restricciones cuantitativas y fija límites al uso de licencias de importación y exportación.
- Alineamiento regulatorio e institucional: se incorporan disciplinas en áreas que el Mercosur no reguló antes con tanto detalle: facilitación comercial, procedimientos aduaneros, servicios, compras públicas y propiedad intelectual.
En materia de derechos de exportación, el acuerdo fija compromisos para que, a partir del tercer año de su entrada en vigor, la Argentina suspenda la aplicación de los mismos a la mayoría de los productos enviados a la UE. Existirán, sin embargo, excepciones para sectores como soja, hidrocarburos, papel, corcho y chatarra. Dentro del complejo sojero, los topes máximos de retenciones comenzarán en 18% y descenderán gradualmente hasta 14% al décimo año.
Una de las novedades del pacto es la incorporación de reglas claras sobre procedimientos fitosanitarios y de inocuidad alimentaria, con plazos obligatorios para auditorías y evaluaciones y un sistema de consultas bilaterales. La intención declarada es asegurar que las normas se basen en criterios científicos, reduciendo la discrecionalidad y facilitando la entrada de productos argentinos al mercado europeo.
El acuerdo también limita el uso de instrumentos discrecionales en el comercio exterior, como restricciones cuantitativas o licencias no automáticas de importación y exportación, y promueve el alineamiento regulatorio en aspectos como facilidades aduaneras, servicios, compras públicas y propiedad intelectual.
De acuerdo con estimaciones difundidas por la delegación argentina de la UE, se espera que el acuerdo impulse el comercio bilateral: las exportaciones europeas al Mercosur podrían crecer 39%, y las del Mercosur a la UE, 17%, equivalentes a cifras adicionales de 48.700 millones y 8.900 millones de euros, respectivamente.
El mercado europeo es considerado por sectores empresariales como de alta relevancia: se estima que la UE importa productos agroindustriales por unos USD 220.000 millones y que la Argentina representa alrededor del 3% de ese total.
El anuncio del avance y la próxima firma del acuerdo fue acompañado por diversas expresiones del sector privado argentino, que interpretan el pacto como un paso hacia una mayor integración comercial global.
La Asociación Empresaria Argentina (AEA) describió la celebración de acuerdos comerciales y de inversiones como algo que “permitirá el acceso a nuevos mercados con criterios de reciprocidad” y será “muy positivo para el desarrollo económico y social” del país.
El Grupo de los 6 (G6) —que agrupa a seis cámaras empresarias— calificó la aprobación por parte de la UE como “un paso más hacia la creación de un área de libre comercio entre ambos bloques de naciones”. También sostuvo que el intercambio entre Mercosur y Europa “será beneficioso para el desarrollo de las naciones involucradas y sus habitantes”.
Desde la Sociedad Rural Argentina (SRA) se destacó que el acuerdo representa una oportunidad estratégica tras 25 años de negociaciones y resaltó la importancia de fortalecer la presencia de productos argentinos en el mercado mundial.
Los funcionarios sudamericanos y europeos han señalado que, de cumplirse los plazos previstos, el acuerdo podría comenzar a implementarse hacia finales de este año. Mientras tanto, gobiernos y sectores privados continúan evaluando preparativos para aprovechar las nuevas condiciones comerciales una vez que el tratado entre en vigor.
