Los datos los arroja la actividad de la Dirección General de Defensa del Consumidor sobre su gestón en 2018. ¿El mayor problema? La burocracia y la imposiblidad de generar una indemnización por daños.
Siete de cada diez reclamos que recibe la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor se resuelven a favor del usuario del servicio, informó el organismo sobre su actividad en 2018.
Los números develan una problemática: las fallas e incumplimientos de las empresas son altísimos, teniendo en cuenta la cantidad de casos que no se denuncian por desconocimiento o trámites burocráticos.
De los casi 131 mil reclamos que se hicieron en 2018, el 25 por ciento están destinados a las comunicaciones. Le siguen los servicios financieros con el 18 por ciento (la mitad de éstos con problemas de tarjetas de crédito), y por último las compras de automotores, electrodomésticos y lugares de esparcimiento, como shows, gastronomía, y cines.
Por qué no se denuncia
Claudio Boada, director de la Unión de Usuarios y Consumidores, y ex Director de la Comisión de Defensa de los Consumidores y Usuarios de la Legislatura Porteña, aseguró a minutouno.com que «la gestión para ingresar un reclamo es compleja«, lo que genera que «mucha gente queda en el camino por falta de elementos y de conocimiento, o porque piensa que es una inversión de tiempo muy grande para resoluciones mínimas».
Héctor Polino, titular de Consumidores Libres, coincide en que el número de quejas es «muchísimo porque hay mucha gente que no conoce el sistema».
La ley ampara resarcimientos
Las denuncias llevan tiempo y la ecuación costo-beneficio suele dar negativo. ¿El motivo?
Adrián Ganino, director de Defensa al Consumidor del Municipio de San Martín, asegura que es importante que se aplique el artículo 40 bis que contempla el «daño directo».
Se trata de»cualquier perjuicio o menoscabo al derecho del usuario ocasionado sobre sus bienes o su persona como consecuencia de la acción u omisión de la empresa».
En San Martín, incluso, hay un caso judicializado de una empresa de servicios públicos. La firma apeló a Defensa del Consumidor por aplicarle esta multa. El juez, finalmente, rechazó el pedido y el damnificado recibió 3 mil pesos por el «daño real«creado a causa del «tiempo perdido en el reclamo e ir a tres audiencias».
Ganino asegura: «En la provincia de Buenos Aires hay 135 municipios. De ellos, 114 tienen oficinas de Defensa al Consumidor y tan solo 15 aplican sanciones».
Mucho daño, ¿pocas soluciones?
A una clienta de un banco, por ejemplo, le dieron de baja la tarjeta de crédito antes de irse de vacaciones. Desde el call center le informaron que la tarjeta estaba activa y que la solución era «probar comprando en otro local«.
Como la falla seguía, la usuaria perdió los descuentos por acumulación de puntos y se quedó sin crédito.
Días después, se realizó una conciliación en Coprec (el Sistema de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo dependiente de Defensa del Consumidor) y le ofrecieron 500 pesos a modo de «gesto». «El inconveniente está saldado, porque la tarjeta está activa nuevamente«, le dijo la abogada del banco. La clienta no aceptó el acuerdo y decidió continuar la demanda en el ámbito judicial. Para cerrar el caso, ella pedía 2500 pesos.
Otros reclamos de la misma persona (como la negación del banco a devolverle consumos desconocidos) quedaron archivados por errores de comunicaciones de Defensa del Consumidor y trámites burocráticos, como ampliar la denuncia con más datos, lo que equivale a hacer dos veces el mismo trámite.
Fuente: Minuto Uno
