A través de un comunicado difundido por redes sociales y servicios de mensajería, familiares de integrantes del Servicio Penitenciario Provincial (SPP) de San Juan convocaron a una concentración de protesta para este miércoles 11 de febrero de 2026. La movilización tiene como objetivo visibilizar la situación económica que atraviesan los efectivos de la fuerza y exigir una «reestructuración salarial que se ajuste a la realidad económica actual».

Los ejes del reclamo

El petitorio de las familias, que se movilizan en representación de los agentes debido a la restricción legal que estos tienen para realizar reclamos gremiales, se fundamenta en tres puntos críticos: la actualización de haberes «acorde al IPC» (Índice de Precios al Consumidor), la regularización del pago de adicionales y el cese de lo que consideran una retención indebida de fondos. En el texto de la convocatoria, los organizadores expresaron de forma tajante: «Exigimos que dejen de generar intereses en los bancos con nuestros sacrificios».

La manifestación está programada para las 19:00 horas en las inmediaciones del Centro Cívico, específicamente sobre Avenida Libertador. La convocatoria es abierta a la comunidad y busca el apoyo de la ciudadanía bajo la premisa de que «nuestros penitenciarios callan porque ellos no pueden reclamar».

Un sector sin derecho a huelga

La particularidad de este conflicto radica en la naturaleza de la fuerza de seguridad. Al no contar con representación sindical formal ni derecho a la huelga, los efectivos dependen exclusivamente de las decisiones del Ejecutivo provincial para cualquier mejora en sus condiciones laborales. Por este motivo, el rol de las familias se vuelve central en el conflicto. «Las familias salimos a dar la cara por nuestras fuerzas de seguridad», concluye el comunicado que circula por la provincia.

Se espera que la concentración impacte en el tránsito de la zona céntrica durante la tarde de hoy, mientras se aguarda alguna respuesta oficial por parte de las autoridades del Ministerio de Gobierno o la Dirección del Servicio Penitenciario respecto a la viabilidad de los pedidos de recomposición económica solicitados.