La Justicia federal fijó para el 17 de junio de 2026 el inicio del Juicio por la Verdad sobre los fusilamientos de José León Suárez, ocurridos en junio de 1956. A 70 años de la masacre, el proceso buscará establecer la responsabilidad del Estado, reconocer los hechos como crímenes de lesa humanidad y reparar la memoria de las víctimas y sus familias.
Setenta años. Una vida entera. Dos generaciones. Miles de cambios de gobierno. Varias constituciones interpretadas de distintas maneras. Y recién ahora la Justicia argentina se sentará formalmente a revisar uno de los fusilamientos más emblemáticos de su historia reciente.
La demora es tan extensa que el juicio ya no tiene acusados vivos. Tampoco puede terminar con condenas penales. Los responsables directos murieron hace décadas. Lo que llega ahora es otra cosa: una sentencia para los archivos de la historia, una respuesta institucional para un crimen que sobrevivió más tiempo que muchos de quienes lo denunciaron.
El escenario tampoco será una sala judicial tradicional. La enorme expectativa obligó a trasladar las audiencias al auditorio Hugo del Carril, en José León Suárez, a pocos metros del lugar donde la policía bonaerense ejecutó a un grupo de civiles durante la noche del 9 al 10 de junio de 1956. A veces la geografía tiene memoria y decide recordarla.
El proceso encuentra además una coincidencia inevitable. Comenzará exactamente cuando se cumplen siete décadas de aquellos hechos que Rodolfo Walsh transformó en una investigación monumental. Lo que en 1957 fue una denuncia escrita casi en soledad, perseguida por la censura y la indiferencia oficial, hoy forma parte del expediente judicial.
La paradoja es difícil de ignorar. Durante años, la frase «Hay un fusilado que vive» abrió una de las investigaciones periodísticas más importantes de América Latina. Ahora, cuando ya no quedan responsables para sentar en el banquillo, la Justicia intenta responder una pregunta que la democracia argentina arrastra desde mediados del siglo pasado.
El objetivo ya no es castigar. Es dejar asentado. Confirmar oficialmente que aquellas personas no eran delincuentes ni traidores, como sostuvo la dictadura de la Revolución Libertadora, sino víctimas de una ejecución ilegal organizada desde el Estado. Puede parecer una diferencia semántica. No lo es para las familias que dedicaron décadas a demostrarlo.
La historia argentina tiene una costumbre particular: algunos expedientes tardan tanto en resolverse que terminan convirtiéndose en documentos sobre el paso del tiempo. Este juicio llega 70 años después. Demasiado tarde para los responsables. Pero todavía a tiempo para la memoria.
La jueza federal de San Martín, Alicia Vence, fijó para el próximo 17 de junio de 2026 a las 9:30 el inicio del Juicio por la Verdad sobre los fusilamientos de José León Suárez, ocurridos durante la noche del 9 al 10 de junio de 1956.
Se trata de un proceso histórico que comenzará exactamente 70 años después de uno de los episodios más emblemáticos de la violencia política en la Argentina y que tuvo una enorme repercusión gracias a la investigación periodística realizada por Rodolfo Walsh en su obra «Operación Masacre».
Debido al interés público y a la expectativa generada, las audiencias no se desarrollarán en los tribunales federales sino en el Auditorio Municipal Hugo del Carril, ubicado en José León Suárez, a pocos metros del lugar donde ocurrieron los hechos.
En una primera etapa fueron programadas tres jornadas consecutivas de audiencias, entre el miércoles 17 y el viernes 19 de junio.
Un juicio sin acusados, pero con un objetivo histórico
El proceso toma como antecedente directo el juicio realizado por la Masacre de Napalpí y se encuadra dentro de la figura de Juicio por la Verdad, utilizada cuando los responsables materiales e intelectuales de los hechos ya fallecieron y resulta imposible aplicar sanciones penales.
En este caso, el objetivo central será que el Estado argentino establezca judicialmente que los fusilamientos constituyeron crímenes de lesa humanidad, declare la responsabilidad estatal en los asesinatos y repare la memoria de las víctimas.
También se buscará revertir la caracterización oficial que la dictadura de la llamada Revolución Libertadora realizó sobre los fusilados, quienes fueron catalogados como delincuentes y conspiradores.
El juicio incluirá testimonios, documentos históricos, declaraciones registradas de sobrevivientes y aportes de familiares y descendientes que mantuvieron viva la búsqueda de justicia durante décadas.
La noche de los fusilamientos
Los hechos ocurrieron en el contexto del levantamiento encabezado por los generales Juan José Valle y Raúl Tanco contra la dictadura de Pedro Eugenio Aramburu en junio de 1956.
Aquella noche, un grupo de civiles se encontraba reunido en una vivienda de Florida, en el partido de Vicente López. Muchos de ellos habían concurrido para escuchar una pelea de boxeo por radio. Sin embargo, fueron detenidos por fuerzas policiales antes de que se formalizara la aplicación de la Ley Marcial.
Posteriormente fueron trasladados a la localidad de José León Suárez, donde efectivos bajo la órbita de la Policía Bonaerense ejecutaron un fusilamiento clandestino en un descampado utilizado como basural.
Como consecuencia de aquella operación murieron Carlos Brión, Nicolás Carranza, Francisco Garibotti, Vicente Rodríguez y Carlos Lizaso, mientras otros siete hombres lograron sobrevivir al hacerse pasar por muertos o escapar en medio de la oscuridad.
La investigación que cambió el periodismo argentino
Meses después de los fusilamientos, Rodolfo Walsh escuchó una frase que se convertiría en el punto de partida de una de las investigaciones más influyentes de la historia periodística argentina: «Hay un fusilado que vive».
La expresión hacía referencia a Juan Carlos Livraga, uno de los sobrevivientes de la masacre.
A partir de esa revelación, Walsh inició una investigación que derivó en la publicación de «Operación Masacre», primero como una serie de artículos periodísticos y luego como libro.
La obra reconstruyó la historia de las víctimas, los acontecimientos de aquella noche y las irregularidades jurídicas que rodearon los fusilamientos. Además, documentó que la Ley Marcial fue aplicada de manera retroactiva, una circunstancia que reforzó las denuncias sobre la ilegalidad de las ejecuciones.
Setenta años después de aquellos hechos, la investigación desarrollada por Walsh continúa siendo una de las principales referencias documentales para reconstruir lo ocurrido y forma parte de los antecedentes que serán considerados durante el Juicio por la Verdad.
