El gobernador de la provincia de San Juan, Marcelo Orrego, ha decidido formalizar el inicio de acciones civiles por daños y perjuicios ante lo que su administración califica como una campaña sistemática de «falsedades y agravios». La medida surge tras la emisión de diversos informes en el programa “Telenueve Denuncia”, cuyos contenidos son considerados por el mandatario como injuriantes, falsos y carentes de cualquier tipo de sustento fáctico o verificable.

En el marco de esta estrategia judicial, el Ejecutivo provincial procedió al envío de cartas documento dirigidas al periodista Tomás Méndez, a la productora Telearte y al Grupo Octubre. En dichas misivas, se los intima a rectificarse públicamente de forma inmediata o, en su defecto, a ratificar mediante pruebas fehacientes las afirmaciones vertidas en un plazo perentorio de 24 horas.

Fundamentos de la demanda

Según la presentación legal, a Orrego se le atribuyeron “hechos ilícitos de extrema gravedad” utilizando expresiones calificadas como “manifiestamente inexactas e injuriantes”. El escrito advierte que la difusión de estas versiones, presentadas ante la opinión pública como hechos ciertos, excede los límites constitucionales de la libertad de expresión y vulnera directamente el honor y el buen nombre del jefe de Estado provincial.

Desde el entorno del gobernador señalaron que, de no mediar una rectificación satisfactoria, se avanzará no solo con la demanda civil, sino también con las acciones penales correspondientes por calumnias e injurias. Para el Gobierno de San Juan, la imputación de delitos sin el debido respaldo probatorio constituye una «conducta ilegítima que afecta la institucionalidad» y que no puede ser admitida en el ejercicio del periodismo.

Un frente común de gobernadores

Este conflicto judicial no es un hecho aislado. El caso de San Juan se suma a una tendencia creciente donde diversos mandatarios provinciales han decidido confrontar legalmente al mismo profesional de medios. Entre los gobernadores que ya han iniciado acciones legales similares se encuentran Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta) y recientemente Rogelio Frigerio (Entre Ríos).

Asimismo, trascendió que otros líderes regionales como Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco) y Claudio Poggi (San Luis) se encuentran analizando presentaciones judiciales ante situaciones de similares características. Esta coordinación de respuestas legales marca un precedente en la relación entre los poderes ejecutivos provinciales y ciertos sectores de la prensa porteña, poniendo en el centro de la escena la responsabilidad civil por la difusión de información no chequeada.