El Gobierno de San Juan envió a la Legislatura el proyecto de Ley de Desarrollo Local Minero, una iniciativa que busca aumentar la participación de trabajadores y proveedores sanjuaninos en la actividad minera. La propuesta fija metas progresivas de empleo local y compras provinciales, crea un registro de proveedores y establece incentivos fiscales para las empresas que cumplan los objetivos.
Durante años, la minería sanjuanina fue como ese familiar que llega a la fiesta con una camioneta nueva, promete que va a colaborar con todos y después la discusión termina girando alrededor de quién vio realmente los beneficios. Ahora, con inversiones multimillonarias en camino y proyectos que prometen transformar la economía provincial, el Gobierno decidió poner sobre la mesa una pregunta incómoda pero inevitable: ¿cuánto de todo ese movimiento queda efectivamente en San Juan?
La respuesta llegó en forma de proyecto de ley, una herramienta bastante menos emocionante que una explosión controlada en la cordillera, pero probablemente mucho más importante para miles de familias. Porque mientras los anuncios de inversiones suelen medirse en miles de millones de dólares, la vida cotidiana se mide en algo bastante más simple: puestos de trabajo, contratos para empresas locales y oportunidades que no terminen viajando fuera de la provincia en el primer camión disponible.
La iniciativa propone algo que, dicho rápidamente, parece lógico: si la minería crece, también deberían crecer los beneficios para quienes viven donde se desarrolla esa actividad. Sin embargo, convertir esa lógica en una obligación concreta es otra historia. Por eso aparecen porcentajes, registros, auditorías, planes de empleo y mecanismos de control. En otras palabras, la letra chica que suele determinar si una buena intención termina siendo una realidad o un discurso archivado en alguna biblioteca legislativa.
El objetivo de alcanzar un 80% de trabajadores sanjuaninos en cada operación minera funciona como una declaración de principios bastante contundente. Es una manera de decir que la provincia no quiere limitarse a observar cómo salen minerales de la montaña mientras los empleos especializados aterrizan desde otros puntos del país. Lo mismo ocurre con la meta del 60% de compras locales, un porcentaje que busca abrirles espacio a empresas que durante años reclamaron mayor participación en la cadena de valor.
También aparece una novedad que los proveedores seguramente leerán con atención: las compañías deberán anticipar qué bienes y servicios necesitarán comprar. Parece un detalle menor, pero en el universo empresarial equivale a conocer algunas preguntas del examen antes de rendirlo. La previsibilidad, esa palabra que los empresarios pronuncian con la misma emoción con la que otros hablan de vacaciones, se convierte aquí en una herramienta para competir mejor.
Por supuesto, la ley no se queda solamente en los pedidos. También ofrece incentivos para quienes cumplan. Porque si algo aprendió la política económica moderna es que los sermones suelen tener menos éxito que los beneficios concretos. Así aparecen los certificados de crédito fiscal, una recompensa destinada a las empresas que logren combinar contratación local y compras provinciales.
Ahora la discusión se traslada a la Legislatura, donde los diputados deberán analizar una norma que llega en un momento clave para la minería sanjuanina. Con más de USD 31.200 millones comprometidos en grandes proyectos y una industria que promete convertirse en uno de los motores económicos de la próxima década, la pregunta ya no es si la minería crecerá. La discusión pasa por quiénes participarán de ese crecimiento y cuánto de esa riqueza quedará efectivamente en la provincia que la produce.
El gobernador Marcelo Orrego envió a la Cámara de Diputados el proyecto de Ley de Desarrollo Local Minero, una iniciativa destinada a incrementar la participación de trabajadores y proveedores sanjuaninos en la actividad minera mediante objetivos concretos de empleo y compras locales.
La propuesta, elaborada tras meses de trabajo técnico entre distintas áreas del Gobierno provincial, establece por primera vez un marco normativo con metas medibles para que las compañías mineras y sus principales contratistas aumenten progresivamente la contratación de mano de obra local y la adquisición de bienes y servicios producidos en San Juan.
Metas para empleo y compras locales
Uno de los ejes centrales del proyecto es alcanzar un 80% de trabajadores sanjuaninos en cada operación minera, priorizando especialmente a los habitantes de los departamentos con influencia directa de los proyectos, como Jáchal, Calingasta e Iglesia.
Asimismo, la iniciativa fija una meta del 60% de compras locales sobre el monto anual destinado a bienes, obras y servicios que se encuentren disponibles en condiciones competitivas de mercado.
Para cumplir estos objetivos, las empresas deberán presentar Planes de Desarrollo de Empleo y de Proveedores con metas progresivas, crecientes y verificables, además de informar periódicamente los avances alcanzados.
Registro público y previsibilidad para proveedores
El proyecto contempla la creación del Registro de Proveedores Mineros de San Juan (RE.PRO.MIN.), una plataforma pública y digital donde deberán inscribirse las empresas interesadas en formar parte de la cadena de abastecimiento de la industria minera.
Además, las compañías estarán obligadas a publicar sus planes de demanda de bienes y servicios, incluyendo cronogramas estimados de compras. El objetivo es brindar mayor previsibilidad a los proveedores locales para que puedan prepararse, invertir y competir en futuras contrataciones.
Desde el Ejecutivo sostienen que esta medida permitirá fortalecer el tejido empresarial provincial y mejorar la integración de las pequeñas y medianas empresas sanjuaninas dentro de los grandes proyectos mineros.
Incentivos fiscales para quienes cumplan
La iniciativa incorpora un esquema de incentivos destinado a promover el cumplimiento de las metas establecidas.
Las operadoras que alcancen simultáneamente los objetivos de empleo local y compras provinciales podrán acceder a un Certificado de Crédito Fiscal transferible, que podrá ser cedido a pequeñas y medianas empresas proveedoras para cancelar impuestos provinciales.
El sistema busca premiar a las compañías que generen un impacto positivo en la economía local y fomenten el desarrollo de proveedores sanjuaninos.
Una minería con mayor impacto provincial
El proyecto se presenta en un contexto de fuerte crecimiento de la actividad minera en San Juan. Según destacó el Gobierno provincial, la provincia concentra cuatro de los siete yacimientos de cobre de clase mundial existentes en Argentina y registra compromisos de inversión superiores a USD 31.200 millones distribuidos en cinco grandes proyectos adheridos al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
La autoridad de aplicación será el Ministerio de Minería, que contará con el apoyo de un Consejo Consultivo público-privado y una Unidad Técnica Interministerial encargada de supervisar y auditar el cumplimiento de los planes presentados por las empresas.
Con el ingreso formal a la Legislatura, la iniciativa comenzará ahora su tratamiento parlamentario. Desde el Gobierno provincial señalaron que la norma busca responder a un reclamo histórico de las comunidades mineras, promoviendo que el crecimiento de la actividad se traduzca en más empleo registrado, desarrollo empresarial y oportunidades económicas para los sanjuaninos.
