San Juan encabeza el ranking nacional de mora en el pago de créditos, con un 36% de deudores con atrasos superiores a 90 días, según un informe de la consultora Analytica basado en datos del Banco Central de la República Argentina. El dato ubica a la provincia en el punto más alto del mapa nacional de incumplimiento crediticio.

Detrás de San Juan aparecen La Rioja, con una mora del 35,3%, y Catamarca, con el 34,8%. En el otro extremo se encuentran la Ciudad de Buenos Aires, con apenas 16,1%; La Pampa, con 19,5%; y Neuquén, con 23,6%.

Una brecha territorial que expone desigualdades

La diferencia entre los extremos del ranking supera los 20 puntos porcentuales y muestra que el deterioro de la capacidad de pago de los hogares tiene una dimensión territorial marcada. Para Analytica, las provincias del norte concentran los niveles más elevados de incumplimiento, aun cuando suelen presentar una menor incidencia del crédito formal en relación con su población.

Del informe también se desprende que en casi la totalidad de las provincias del Norte Grande la tasa de mora supera el 30%. Las únicas excepciones por debajo de ese nivel son Santiago del Estero, con el 29,3%, y Jujuy, con el 26,6%.

Los datos sugieren que la situación está vinculada a factores estructurales, como la informalidad laboral, los menores ingresos promedio y una menor profundidad del sistema financiero. En esa línea, Analytica señaló que Santiago del Estero, Corrientes y Jujuy figuran entre las provincias con menor cantidad de deudores formales por habitante.

La distribución de la mora, sin embargo, no guarda una relación lineal con el tamaño de las deudas. La Patagonia concentra los montos medianos más elevados del país, con Tierra del Fuego, Neuquén y Santa Cruz entre las jurisdicciones con mayores niveles de endeudamiento por persona. Ninguna de ellas, no obstante, figura entre las provincias con más incumplimientos.

El caso de Catamarca ilustra esa asimetría: combina una base de tomadores de crédito con una de las cargas financieras más pesadas del país. En abril, la provincia registró una deuda media de $683.000, la séptima más alta de la Argentina y la primera de la región norte.

Mujeres, cuidados y sobreendeudamiento

El fenómeno de la morosidad y el sobreendeudamiento dejó de ser un problema financiero individual para convertirse en una problemática social de carácter estructural. En ese contexto, las mujeres se llevan la peor parte.

La expansión del crédito a través de billeteras virtuales y otros proveedores no financieros amplió el acceso al financiamiento para sectores históricamente desbancarizados, pero también expuso a nuevos riesgos a quienes cuentan con ingresos más inestables.

Las mujeres que encabezan hogares con responsabilidades de cuidado presentan mayores niveles de endeudamiento y una exposición más alta a situaciones de vulnerabilidad financiera. En los sectores populares, además, las dificultades para afrontar las deudas suelen trasladarse a la vida cotidiana, con situaciones de estrés que afectan tanto la organización familiar como las tareas de cuidado.

Si bien esta trama de asfixia financiera comenzó a gestarse en 2018, la crisis se agudizó durante 2025 ante el desplome de los ingresos reales, pisados por las políticas económicas del gobierno de Javier Milei, y la necesidad de sostener niveles mínimos de consumo.

Esta vulnerabilidad, sin embargo, hunde sus raíces en una desigualdad previa. Ya en 2021, la Encuesta Nacional de Endeudamiento y Cuidados realizada por el Ministerio de Economía y la CEPAL advertía que casi tres de cada cuatro hogares con responsabilidades de cuidado encabezados por mujeres recurrían a la deuda para financiar gastos esenciales como alimentos, medicamentos o el pago de compromisos pasados.

La combinación estructural de salarios más bajos y la sobrecarga del trabajo no remunerado vuelve a las mujeres crónicamente más propensas a caer en la morosidad. La misma investigación muestra que recurren con mayor frecuencia a préstamos de familiares, amistades o redes informales de financiamiento.

A diferencia de una deuda formal, esas obligaciones involucran también vínculos afectivos y comunitarios, lo que agrega nuevas presiones a quienes ya enfrentan dificultades económicas. En los barrios populares, distintas organizaciones sociales advierten que el endeudamiento impacta cada vez más sobre la salud mental, la autonomía económica y las posibilidades de proyectar una vida libre de violencias.

En ese marco, recientemente se llevó a cabo el encuentro Los feminismos contra las deudas, una jornada que combinó un taller de “autodefensa financiera”, destinado a compartir herramientas para enfrentar situaciones de endeudamiento, con un panel sobre iniciativas legislativas impulsadas a nivel nacional y en la Ciudad de Buenos Aires.

“Hace tiempo venimos acompañando a personas endeudadas desde nuestra organización y vemos un problema muy fuerte de afectación de la salud mental. Muchas viven la deuda como un fracaso personal. Por eso, además de ayudar a renegociar obligaciones, brindamos acompañamiento y contención. Lo que muestran hoy los niveles de morosidad es que este modelo de endeudamiento se volvió insustentable en el mediano y largo plazo: existe voluntad de pago, pero las personas ya no tienen forma de pagar las deudas que se acumulan y ya no hay más dónde pedir. Se llegó a un límite”, advierte Luci Cavallero, socióloga y militante de Movida Ciudad.

Proyectos para enfrentar la mora y el sobreendeudamiento

Las iniciativas legislativas para abordar el sobreendeudamiento y la mora crediticia provienen, en su mayoría, del campo nacional y popular. Sólo en el bloque de Unión por la Patria existen más de una decena de proyectos con distintos enfoques.

“Algunos contemplan la renegociación e incluso la quita de préstamos bancarios, mientras que otros incluyen también las deudas con billeteras virtuales. Hay propuestas que crean organismos específicos y otras que utilizan estructuras estatales ya existentes. Más allá de esas diferencias, todas parten de un mismo diagnóstico: el sobreendeudamiento es un problema estructural que exige respuestas públicas”, resume Cavallero.

La diputada Lucía Cámpora, de Unión por la Patria, presentó el “Programa de Segunda Oportunidad para Hogares Argentinos”, cuyo eje central es la reestructuración de pasivos y el freno de ejecuciones.

“Hoy la mayoría de las personas se endeuda para sobrevivir, no para capitalizarse. Son deudas que se toman para pagar otras deudas. Por eso es importante promover formas de organización colectiva entre quienes están endeudados, porque no estamos frente a un problema de educación financiera, sino ante un fenómeno social mucho más amplio. Entre 2018 y 2024, la cantidad de personas endeudadas pasó de 500.000 a 6 millones”, sostuvo la diputada durante el encuentro.

Por su parte, Kelly Olmos, junto con Victoria Tolosa Paz y Agustín Rossi, presentó un proyecto orientado a una de las principales fuentes de endeudamiento familiar: el financiamiento de alimentos, servicios públicos y otros gastos corrientes mediante tarjetas de crédito.

La iniciativa propone limitar las tasas de refinanciación, transparentar el Costo Financiero Total (CFT) y establecer topes a los intereses punitorios para evitar que el pago mínimo termine convirtiéndose en una deuda impagable.

“En el fondo, esta discusión remite a cómo se distribuye el ingreso. Cuando nos tocó gobernar, buscamos impulsar una distribución más equitativa, ellos construyen un modelo que concentra cada vez más los ingresos. El endeudamiento es una de las expresiones más visibles de ese proceso”, indicó Olmos.

También ingresó al Congreso el “Marco Integral contra el Sobreendeudamiento de las Familias”, impulsado por Victoria Freire y Mariana González y presentado por Natalia Zaracho. El proyecto apunta especialmente a los sectores populares e informales que quedan fuera del sistema bancario tradicional y terminan recurriendo a fintechs o circuitos informales de crédito.

Entre otras medidas, la propuesta contempla asesoramiento jurídico y financiero gratuito, incorpora la figura del “sobreendeudamiento del consumidor” al Código Civil y limita las retenciones automáticas sobre cuentas sueldo y prestaciones sociales.

También existen iniciativas a nivel subnacional, como la “Ley de Desendeudamiento Popular” presentada por los legisladores porteños Delfina Velázquez y Pitu Salvatierra. El texto propone la creación de un programa público específico de desendeudamiento en el que el Estado local actúe como mediador y brinde líneas de asistencia financiera blanda o esquemas de consolidación de deudas para rescatar a las familias atrapadas en deudas por servicios, alquileres o consumos básicos.

En la provincia de Buenos Aires, la senadora bonaerense Mónica Macha redactó una propuesta para regular el cobro de deudas, con el objetivo de limitar el acoso y el hostigamiento de los estudios de cobranza extrajudicial.

Todos los proyectos parten de una base común: el endeudamiento dejó de ser una situación excepcional para convertirse en una condición cada vez más extendida de la vida cotidiana. Detrás de cada crédito impago no hay únicamente una cuenta en rojo, sino ingresos que no alcanzan, tareas de cuidado que recaen desigualmente sobre las mujeres y familias que utilizan la deuda para sostener consumos básicos.

La discusión que empieza a abrirse en el Congreso apunta precisamente a dejar de tratar la morosidad como un fracaso individual y reconocerla como una consecuencia social de un modelo económico que empuja a millones de personas a financiar su supervivencia.

En ese mapa, San Juan quedó ubicada en el punto más alto del ranking nacional, con una tasa de mora que no sólo marca el nivel de atraso en los pagos, sino que también refleja las tensiones económicas que atraviesan a los hogares endeudados.