El más reciente ataque armado registrado este lunes en Ciudad de Guatemala evidenció la capacidad de respuesta de las pandillas frente a las acciones estatales.
Según reportó Noticias Del Atlántico en X, un grupo de presuntos integrantes de estructuras criminales abrió fuego contra agentes de la Policía Nacional Civil en la zona 3 de la capital, durante la madrugada.
El tiroteo se produjo en la avenida Cementerio y 15 calle, donde los uniformados se enfrentaron a disparos con los agresores. Tras una persecución, los atacantes abandonaron un vehículo que contenía varios fusiles de asalto en la 19 calle y avenida Elena, también en la zona 3, antes de darse a la fuga.
Este hecho no es aislado. Forma parte de una cadena de al menos trece ataques coordinados contra las fuerzas de seguridad en distintos puntos de Guatemala y sus alrededores.
Los agresores, presuntamente miembros de las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha, intensificaron las represalias tras la intervención estatal en tres cárceles que habían sido escenario de motines y secuestro de personal penitenciario.
La violencia desatada en los últimos días dejó al menos ocho policías muertos, seis de ellos durante las jornadas más recientes, lo que llevó al Ejecutivo a declarar tres días de luto nacional.
Entre las víctimas figura la agente Claudia Muñoz Ramos, identificada por organismos voluntarios y cuerpos de socorro, quien deja a dos niños en orfandad.
Frente a esta crisis, el presidente Bernardo Arévalo decretó un estado de sitio nacional por 30 días el pasado 18 de enero, la medida faculta al Ejecutivo a restringir derechos constitucionales y a movilizar al Ejército junto con la Policía Nacional Civil para controlar la situación.
El presidente subrayó que la vida cotidiana y el funcionamiento de las instituciones públicas y privadas continuarán con normalidad, excepto por una suspensión de clases de solo una jornada como medida de precaución.
El origen de la actual ola de violencia se remonta a los motines simultáneos en los penales de Fraijanes 2, el Preventivo de la zona 18 y Renovación 1, donde más de cuarenta guardias del Sistema Penitenciario quedaron como rehenes.
Los reclusos exigieron la restitución de privilegios perdidos y, en respuesta, las fuerzas de seguridad lanzaron operativos para recuperar el control y liberar a los secuestrados.
Como represalia, las pandillas ejecutaron una serie de ataques armados coordinados en la capital y municipios aledaños. Estas agresiones provocaron la muerte de ocho agentes en el primer balance, lo que motivó la declaración de luto nacional y el refuerzo de la seguridad en la ciudad.
En el marco del estado de sitio, la Policía Nacional Civil comunicó la detención de diecisiete presuntos pandilleros, el rescate de rehenes y la recuperación del control en varias cárceles.
“Los operativos estratégicos en defensa de la población reportan la captura de 17 terroristas, rescate de rehenes y control en cárceles”, anunció la institución en X. Las acciones de seguridad se desplegaron en las zonas más afectadas para contener la escalada de ataques y restablecer el orden.
La Ley de Orden Público otorga a las autoridades la potestad de limitar derechos fundamentales como la libertad de locomoción, reunión y manifestación, y permite realizar detenciones sin orden judicial previa si existen sospechas de alteración del orden público
El Ejecutivo enfatizó, en cadena nacional emitida la noche del domingo, que la prioridad es la “protección y seguridad de los ciudadanos” y que no negociará con estructuras criminales.
El gobierno atribuyó la ola de violencia a la reacción de las maras ante el endurecimiento de las políticas estatales para recuperar el control de las prisiones y combatir la corrupción interna. La posición oficial se mantiene firme: la ofensiva estatal continuará hasta neutralizar la amenaza de las pandillas en las calles y en los centros penitenciarios.
Las fuerzas de seguridad reforzaron su presencia con bloqueos y patrullajes en puntos estratégicos. La población fue instada a mantener la calma y tomar precauciones, mientras se mantiene la vigilancia en la capital y otras áreas críticas.
La situación en Guatemala se mantiene tensa, con la sociedad a la expectativa de nuevos enfrentamientos y la continuidad de los operativos policiales y militares. El gobierno reiteró que no habrá concesiones frente a las demandas de los grupos criminales y que la ofensiva estatal no cesará hasta restablecer el control total.
