Pese a los severos problemas técnicos, ambientales y contractuales que han marcado la historia de Coca Codo Sinclair —la mayor hidroeléctrica del Ecuador—, el Gobierno decidió cerrar el arbitraje internacional contra la constructora china Sinohydro y avanzar hacia un nuevo esquema en el que Power China, empresa estatal del régimen chino y casa matriz de Sinohydro, asumiría la operación y el mantenimiento de la central. La decisión, aprobada por el directorio de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) a finales de 2025, vuelve a colocar una infraestructura estratégica del país en manos del mismo conglomerado que estuvo involucrado en uno de los proyectos más cuestionados de la última década.
Según reveló Primicias, Celec resolvió dar de baja el arbitraje internacional iniciado contra Sinohydro por las fallas de construcción de Coca Codo Sinclair, como parte de un acuerdo global de conciliación con Power China que contempla una compensación de USD 400 millones para el Estado ecuatoriano. El acuerdo prevé que USD 200 millones se entreguen en efectivo y los otros USD 200 millones mediante un crédito de proveedor, además de abrir el camino para firmar un contrato que traspase la operación y el mantenimiento de la hidroeléctrica a la empresa china.
La decisión se da pese a que Coca Codo Sinclair nunca ha operado a plena capacidad desde su inauguración en 2016. La central, diseñada para generar 1.500 megavatios y cubrir cerca del 25% de la demanda eléctrica nacional, arrastra miles de fisuras en los distribuidores de agua, componentes críticos que regulan la presión antes de que el caudal ingrese a las turbinas. De acuerdo con información recogida por Infobae en investigaciones previas, estas fisuras no solo fueron numerosas, sino conocidas por la constructora desde al menos 2012, sin que se informara oportunamente al Estado ecuatoriano.
A los problemas estructurales se suma un impacto ambiental de gran escala. Desde la desaparición de la cascada San Rafael en 2020, el río Coca registra un proceso acelerado de erosión regresiva que amenaza oleoductos, carreteras, comunidades y la propia infraestructura hidroeléctrica. Estudios citados por Infobae advierten que la represa alteró de forma drástica el régimen natural de sedimentos, lo que podría reducir la vida útil de Coca Codo Sinclair de los 50 años previstos a apenas 15. En varios momentos, el exceso de sedimentos ha obligado a cerrar compuertas y detener la generación eléctrica, exponiendo la vulnerabilidad del sistema energético nacional.
El historial judicial tampoco es menor. La Fiscalía ecuatoriana investiga el Caso Sinohydro, una trama de presuntos sobornos vinculados a la adjudicación del contrato de la hidroeléctrica, que involucra a exfuncionarios de alto nivel y al expresidente Lenín Moreno. Según el expediente fiscal, alrededor de USD 76 millones habrían sido canalizados como pagos ilegales para asegurar el contrato, lo que añade una capa de corrupción a una obra ya cuestionada por sus fallas técnicas y sobrecostos.
Pese a este contexto, el Gobierno de Daniel Noboa optó por una salida negociada. Las conversaciones con China se reactivaron tras la visita presidencial a ese país en 2025 y un encuentro con Xi Jinping, en el marco de una relación bilateral que el Ejecutivo considera estratégica. Para el Gobierno, el acuerdo con Power China permitiría cerrar litigios, obtener recursos frescos y garantizar la continuidad operativa de una central indispensable para la matriz energética.
Sin embargo, la decisión también plantea otros cuestionamientos: ¿por qué confiar nuevamente una infraestructura crítica al mismo conglomerado empresarial que ejecutó una obra plagada de fallas y ocultamientos técnicos?. Varios expertos consultados en coberturas anteriores de Infobae advirtieron que la transferencia de operación y mantenimiento no resuelve el problema estructural ni el daño ambiental acumulado, y que el Estado asume riesgos significativos al depender de una empresa extranjera con antecedentes conflictivos en el país.
Así, Coca Codo Sinclair vuelve a convertirse en símbolo de una paradoja recurrente en el Ecuador: una obra concebida como emblema de soberanía energética que, tras errores técnicos, impactos ambientales y escándalos de corrupción, termina reforzando la dependencia de actores externos para sostener una infraestructura clave para el funcionamiento del país.
