La UFI de Estafas y Delitos Informáticos allanó y clausuró la empresa Emmebe en la capital de San Juan, tras acumularse más de 160 denuncias por irregularidades en la venta de vehículos. La investigación, liderada por el fiscal Guillermo Heredia, detectó cobros millonarios sin la entrega de unidades y serias demoras en la documentación, configurando la mayor acción colectiva por estafa en la provincia.
Parece que en San Juan la moda de coleccionar denuncias por estafa está alcanzando niveles olímpicos, y los muchachos de la firma Emmebe se acaban de ganar la medalla de oro a la gestión más creativa, por no decir sospechosa. El fiscal Guillermo Heredia, en un despliegue que dejó a los vecinos de la calle Laprida con el café a medio tomar, procedió a clausurar el local bajo la lupa de la UFI de Estafas. Resulta que esta concesionaria, junto a sus primos hermanos de Branka Motors, ha logrado lo que ningún plan de ahorro nacional pudo: unir a más de 160 sanjuaninos en un coro de puteadas que se escucha hasta en el Centro Cívico. El «modus operandi» es un clásico de nuestra fauna comercial: cobrar sumas que arrancan en el millón doscientos mil pesos —algunos entusiastas hasta pagaron al contado— para luego aplicar la técnica del «humo», dejando a los clientes con el garaje vacío y el bolsillo con un agujero del tamaño de un camión.
La Dirección de Defensa al Consumidor, comandada por Fabiana Carrizo, está desbordada recibiendo reclamos como si fueran entradas para un clásico, llegando a la cifra récord de 163 denuncias y contando. Para este viernes convocaron a una audiencia de conciliación donde se espera que alguien dé la cara, aunque las apuestas sugieren que hay más chances de encontrar agua en Marte que de ver a un responsable de Emmebe pidiendo disculpas. Por si fuera poco, los pocos afortunados que recibieron el rodado se encuentran con la grata sorpresa de que la documentación brilla por su ausencia, transformando el sueño del vehículo propio en una escultura metálica de jardín que no puede circular ni hasta la esquina. Los pesquisas ya se llevaron celulares y papeles que, si hablaran, probablemente confesarían que vender lo que no se tiene es el negocio más rentable de la provincia, al menos hasta que el fiscal decide que el local queda mejor con una faja de clausura en la puerta.
En el marco de una investigación que promete ser una de las más trascendentales en materia de delitos económicos en la provincia, la UFI de Estafas y Delitos Informáticos procedió al allanamiento y clausura del local comercial de la empresa Emmebe, ubicado sobre calle Laprida, entre Catamarca y Sarmiento. El operativo, bajo las órdenes del fiscal Guillermo Heredia, forma parte de una instrucción que ya había incluido un procedimiento previo en la firma Branka Motors, situada en la intersección de Avenida Rioja y 25 de Mayo.
Durante los procedimientos, los efectivos policiales y peritos de la unidad de investigación procedieron al secuestro de teléfonos celulares y documentación contable, elementos que resultan vitales para reconstruir la trama de una presunta estafa piramidal o sistemática en la venta de rodados. La causa se maneja bajo un estricto hermetismo judicial, dada la magnitud del perjuicio económico reportado hasta el momento.
Récord de denuncias y acción colectiva
Desde la Dirección de Defensa al Consumidor, a cargo de Fabiana Carrizo, confirmaron que la entidad ya acumula 163 reclamos formales, cifra que supera ampliamente cualquier antecedente de acción colectiva en la provincia. Las autoridades estiman que, al finalizar la instrucción judicial, el número de damnificados podría superar las 170 personas. Ante este escenario, se ha convocado a una audiencia de conciliación para este viernes a las 10:00 horas en el Centro Cívico, aunque existe una marcada incertidumbre sobre la comparecencia de los representantes legales de las firmas denunciadas.
Tipos de irregularidades detectadas
La repartición provincial ha logrado identificar dos patrones claros en las maniobras denunciadas por los usuarios:
- Falta de entrega de unidades: El grueso de los denunciantes abonó sumas que parten desde los $1.200.000, realizando en muchos casos pagos al contado por vehículos que nunca fueron puestos a su disposición.
- Irregularidades documentales: Aproximadamente un 10% de los casos involucra a clientes que sí recibieron el vehículo, pero carecen de la documentación necesaria para el patentamiento, lo que les impide circular legalmente.
Este caso configura la acción colectiva más grande registrada en la historia de la dependencia estatal sanjuanina, lo que exhibe la gravedad de una maniobra que ha dejado un tendal de víctimas en diversos sectores de la sociedad local. La Justicia busca ahora determinar las responsabilidades penales detrás de lo que parece ser una estructura organizada para la captación de fondos sin respaldo en mercadería.
