El Gobierno de España ha iniciado los trámites para una regularización extraordinaria de personas migrantes que permitirá a medio millón de extranjeros en situación irregular acceder a derechos y mejores oportunidades laborales. La medida, fruto del acuerdo entre el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Podemos, busca garantizar la integración de quienes ya residen en el país y responde a la demanda del propio movimiento migrante y organizaciones sociales de reforzar la protección de este colectivo. El proceso arrancará en abril de este año y estará abierto hasta el 30 de junio (un plazo de tres meses).
No obstante, según los cálculos del centro de análisis Funcas (Fundación de las Cajas de Ahorros), unas 840.000 personas viven en España en situación administrativa irregular, lo que representa el 17,2% de los extranjeros de fuera de la Unión Europea. Estos datos, relativos a 1 de enero de 2025, evidencian un crecimiento notable y sostenido si se comparan con los de 2017, cuando la cifra estimada ascendía a unos 107.000 extranjeros en esta situación.
La nueva regulación se dirige principalmente a personas solicitantes de protección internacional que puedan acreditar una permanencia continuada en España de al menos cinco meses antes de la solicitud y que hayan llegado al país antes del 31 de diciembre de 2025. La permanencia podrá justificarse con cualquier documento público o privado, ampliando así las posibilidades de acceso a este proceso.
Entre los requisitos exigidos por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, se encuentra la obligación de no contar con antecedentes penales ni suponer una amenaza para el orden público, conforme a los criterios del Estado de Derecho. La autorización concedida será de residencia con permiso de trabajo, válida en todo el territorio nacional y en cualquier sector de actividad. Así, la autorización inicial tendrá una vigencia de un año y permitirá posteriormente incorporarse a las figuras ordinarias del Reglamento de Extranjería, lo que “favorece una integración progresiva y estable”, ha apuntado el Gobierno.
Un elemento destacado es la protección de la unidad familiar, ya que la regularización contempla la posibilidad de que hijos e hijas menores que ya se encuentren en el país accedan simultáneamente a la residencia regularizada, con una vigencia de cinco años para ellos. Este aspecto, aseguran fuentes del ministerio dirigido por Elma Saiz, responde a la necesidad de garantizar la estabilidad de los núcleos familiares y evitar situaciones de desamparo.
El plazo de tramitación previsto será de un máximo de tres meses, aunque la mera admisión a trámite —que se resolverá en un máximo de quince días— permitirá a las personas beneficiarias empezar a trabajar desde el primer día. Esta disposición pretende reducir la economía sumergida y la explotación laboral, facilitando la incorporación inmediata al empleo formal y la cotización a la Seguridad Social.
Desde el Gobierno aseguran que esta regularización extraordinaria “refuerza un modelo de política migratoria basado en los derechos humanos, la integración y la convivencia, compatible con el crecimiento económico y la cohesión social”. Según datos aportados por el ministerio, la medida beneficiará tanto a las personas migrantes, que ganan derechos y protección, como a las empresas, que obtienen mayor seguridad jurídica en la contratación. Además, la regularización contribuirá a disminuir la economía informal, un fenómeno asociado a la precariedad y la desprotección laboral.
Las solicitudes podrán presentarse, según el cronograma oficial, a partir de abril y hasta el 30 de junio de 2026, una vez completados los trámites del Real Decreto que regula el proceso.
La nueva regularización extraordinaria pactada entre el PSOE y Podemos no es la única en la historia reciente de España. De hecho, se trata de la séptima vez que el país recurre a este mecanismo para dar respuesta a la situación irregular de miles de personas migrantes. A lo largo de las últimas décadas, tanto gobiernos del PSOE como del Partido Popular (PP) han impulsado regularizaciones masivas.
En 1986, bajo el Gobierno del socialista Felipe González, se llevó a cabo la primera regularización extraordinaria, de la que se pudieron beneficiar unas 400.000 personas. Entre 1991 y 1992, también con el Ejecutivo del PSOE, más de 100.000 personas consiguieron sus papeles. Después, ya bajo gobiernos del PP, se llevaron a cabo otras regularizaciones extraordinarias en los años 1996, 2000 y 2001.
Fue en 2005, con el socialista José Luis Rodríguez Zapatero al frente del Ejecutivo, cuando se llevó a cabo la regularización más amplia, que permitió a casi 600.000 personas acceder a la residencia legal.
