El régimen iraní endureció este lunes su respuesta frente a la ola de protestas que sacude el país desde hace semanas, y advirtió que aplicará “castigos decisivos” a quienes considera responsables de los llamados “incidentes terroristas”.
En una declaración conjunta, el presidente Masoud Pezeshkian, el presidente del Parlamento Mohammad Bagher Ghalibaf y el jefe del Poder Judicial Gholamhossein Mohseni Ejei, prometieron mano dura contra los organizadores de las movilizaciones, en un intento por frenar el mayor desafío popular que ha enfrentado la teocracia en décadas.
En paralelo, el jefe nacional de la policía, Ahmad-Reza Radan, lanzó un ultimátum a quienes participaron en las manifestaciones, señaladas por el régimen como “disturbios”.
Radan amenazó con la aplicación “de todo el peso de la ley” si los jóvenes movilizados no se entregan a las autoridades en un plazo de tres días. “Aquellos que se involucraron de manera involuntaria en los disturbios serán tratados con clemencia”, sostuvo en la televisión estatal, pero dejó claro que la represión será implacable contra quienes el régimen considera instigadores.
El trasfondo de estas amenazas es la represión brutal que, según organizaciones internacionales, ha dejado miles de víctimas. Iran Human Rights documentó al menos 3.428 muertos a manos de las fuerzas de seguridad, aunque advierte que la cifra real podría ser mucho mayor debido al apagón de internet impuesto por los ayatollahs, que dificulta la verificación independiente. Las estimaciones de detenciones varían: mientras funcionarios iraníes admiten 3.000 arrestos, las ONG sospechan que el número real podría superar los 20.000.
El régimen justifica la violencia acusando a “enemigos externos”, principalmente Estados Unidos e Israel, de promover la “sedición” y buscar la desestabilización de Irán. El ayatolá Alí Khamenei fue explícito al declarar que “hay que romper la espalda de los sediciosos”, en un claro llamado a aplastar cualquier forma de oposición. La represión ha incluido la aplicación sistemática de la pena de muerte: la ONU denunció que Irán ejecutó a 1.500 personas el año pasado y advirtió que el uso de la ejecución se ha convertido en un instrumento de intimidación masiva.
Mientras se multiplican los informes sobre ejecuciones y desapariciones forzadas, el régimen iraní busca dar señales de control. Las autoridades prometen “trabajar sin descanso” para resolver los problemas económicos que alimentaron las protestas, pero insisten en que no habrá tolerancia con quienes desafíen el orden impuesto. El apagón de internet, que ya supera los diez días, ha servido para aislar a la sociedad iraní y dificultar la difusión de información sobre la magnitud de la represión.
Las imágenes de la represión recorren el mundo. En ciudades como Teherán y Masshad, la destrucción de infraestructura pública es visible y las autoridades locales cifran las pérdidas en millones de dólares. Pese a la censura, la indignación ciudadana persiste, y los manifestantes exigen el fin de la violencia y la apertura de un proceso democrático.
El presidente turco Recep Tayyip Erdogan, en su primera intervención sobre la crisis, calificó la situación de Irán como “una nueva prueba” y llamó a evitar cualquier iniciativa que arrastre a la región al caos. Erdogan pidió diálogo y diplomacia como única salida a la crisis.
El régimen iraní, sin embargo, se mantiene firme en su estrategia de represión, amenazando con castigos ejemplares a quienes sigan movilizándose por sus derechos. Mientras tanto, la sociedad iraní enfrenta una de las etapas más violentas y oscuras de su historia reciente, bajo la mirada atenta —y en ocasiones impotente— de la comunidad internacional.
(Con información de AFP)
