Profesionales del ministerio de Salud y asistentes sociales de varias reparticiones buscan una rápida contención de los sanjuaninos trasplantados en 4 puntos básicos: medicación, vivienda, trabajo y pensión
Desde el ministerio de Salud Pública de San Juan se trabaja en la reglamentación de la Ley Nacional N° 26928, de Protección Integral para Personas Trasplantadas.
Quien ejercerá la potestad de instrumentar esta normativa es el INAISA (Instituto de Ablación e Implantes de San Juan), que se reunió, hace unos días, con asistentes sociales de la Obra Social Provincia, centros de diálisis, hospital Rawson y obras sociales privadas. El objetivo fue definir la metodología de adhesión de los sanjuaninos trasplantados o que estén en lista de espera en 4 puntos básicos: 100% de la medicación, vivienda, trabajo y pensión.
El Dr. Fernando Sarmiento, titular del INAISA, expresó que la reunión “se hizo para buscar la forma de contención de los comprovincianos amparados por la ley nacional de Protección Integral para Pacientes Trasplantados o en Listas de Espera” dijo.
Si bien las reuniones están en fase inicial, ya hay acciones de hecho para instrumentar la ley. “El IPV está elaborando las operatorias de vivienda para los pacientes con este problema de salud y en cuanto al tema trasporte, el expediente está en última instancia para ser aprobado y poder entregar las credenciales” explicó.
El titular del INAISA espera que en poco tiempo ya estén todas las partes involucradas para trabajar en conjunto y lograr la mejor normativa de adhesión.
Por su parte, la jefa de la División Servicio Social del ministerio de Salud, licenciada Silvia Guevara, explicó la participación de los trabajadores sociales en la confección de la normativa. “Consideramos que estos profesionales son la puerta de entrada y el primer actor que toma conocimiento de la mencionada problemática en el Estado. Por eso, y supervisado por el INAISA, estamos armando un circuito que contenga a todas las reparticiones involucradas en la ley” dijo la funcionaria.
Guevara explicó que “la uniformidad de criterios en esta temática, nos parece un avance muy importante, porque detrás de una necesidad de salud como es un trasplante, hay toda una problemática que hay que trabajar y acompañar de la mejor manera”, dijo.
El trabajo, una vivienda digna, esencial para la recuperación del trasplantado, como el trasporte son fundamentales para una mejor calidad de vida de estos pacientes y el Estado tiene la obligación de posibilitarle tal bienestar. En ese objetivo están trabajando, desde las distintas reparticiones oficiales involucradas, y esperan contar, en poco tiempo con una normativa de adhesión a la ley nacional 26928.
