El entramado electoral que precedía la instauración de reformas democráticas en la provincia de San Juan se caracterizaba por una intrincada red de poder, diseñada para manipular candidaturas y escrutinios a voluntad. Las fuentes históricas de la época no dudan en calificar aquellos comicios como “meras formalidades”, donde el voto era emitido de forma cantada y bajo la estricta supervisión de las jefaturas políticas dominantes.
La irrupción del sufragio secreto y obligatorio marcó un quiebre institucional significativo. Sin embargo, la arraigada costumbre no se diluyó de un día para el otro. Aún con la flamante normativa en vigor, las prácticas de fraude y las presiones sobre los votantes persistieron en la realidad electoral por un tiempo considerable, mientras el andamiaje institucional y las rutinas administrativas se ajustaban lentamente a las nuevas garantías republicanas.
Esta progresiva transformación tuvo un impacto político ineludible. Las agrupaciones tradicionales, que habían cimentado su hegemonía en el control de los procesos electorales, se vieron obligadas a una profunda reconfiguración. Paralelamente, emergieron y se fortalecieron espacios políticos que lograron interpelar a sectores de electores históricamente marginados. A medida que los padrones y las mesas de votación se situaron bajo un estricto control judicial, la competencia programática comenzó a ganar terreno sobre la pura ingeniería electoral, reduciendo drásticamente los márgenes para cualquier manipulación.
La Ley N.º 1767: Un pilar de la nueva institucionalidad
La consolidación del nuevo modelo electoral provincial encontró su columna vertebral en la Ley N.º 1767, una normativa que adaptó los mandatos de la reforma nacional a la idiosincrasia jurídica de San Juan. Este cuerpo legal detalló con precisión la elaboración y exposición pública de padrones electorales, estableció plazos inamovibles para las impugnaciones y formalizó la designación por sorteo de las autoridades de mesa, buscando garantizar así una imparcialidad esencial en el proceso.
Además, la ley estipuló la emisión del sufragio mediante boleta individual, depositada en sobre y urna sellada bajo custodia. Instituyó, a su vez, una autoridad electoral con la potestad de organizar los comicios, resolver cualquier incidente que pudiera surgir y, fundamentalmente, asegurar la pureza del acto democrático. Entre sus garantías operativas más destacadas se encontraban la exhibición pública de padrones con antelación a la elección, la prohibición explícita de fuerzas públicas dentro del recinto de votación y la exigencia de documentación y registros meticulosos para cada mesa. Todos estos instrumentos convergieron en un objetivo claro: que el secreto y la obligatoriedad del sufragio se tradujeran en prácticas estandarizadas y verificables para toda la ciudadanía.
Un detalle en la historia: las fechas de la ley
Un dato de interés para el archivo y la crítica de fuentes se halla en el expediente original de la ley provincial N.º 1767. En este documento coexisten dos registros temporales: una fecha mecanografiada que indica “4 de octubre” y, de manera adicional, una anotación manuscrita con la fecha “9 de octubre”. Esta particularidad, la coexistencia de una marca a máquina y otra en tinta, queda consignada como un elemento documental relevante para reconstruir el itinerario administrativo de sanción y promulgación de la norma.
Nuevos líderes bajo el nuevo régimen
El nuevo ciclo político, inaugurado por la aplicación efectiva del flamante régimen electoral, tuvo como principales protagonistas a Ángel Dolores Rojas, electo gobernador, y a César Aguilar, quien asumió como su vicegobernador, marcando así la primera administración surgida bajo las nuevas reglas de juego democrático.
La lenta sedimentación de un cambio cultural
La implementación provincial de la reforma electoral fue un proceso complejo que amalgamó la claridad de las nuevas normas (Ley N.º 1767) con una sedimentación social de las costumbres mucho más paulatina. Si bien en el plano jurídico la arquitectura de padrones, mesas, fiscalización y una autoridad electoral independiente buscó cerrar de manera contundente las vías al fraude, en el terreno de las prácticas cotidianas persistieron inercias que, según relatos de fuentes contemporáneas, tardaron un tiempo considerable en desaparecer por completo.
Con el transcurso de los sucesivos comicios, la rutina institucional fue estabilizando un estándar procedimental que incluía transparencia mínima, un control administrativo robusto y garantías inquebrantables del secreto del voto. Este proceso gradual desplazó, paulatinamente, las antiguas prácticas de coacción y manipulación que habían signado las elecciones anteriores.
Las voces de la época resuenan hoy, confirmando la magnitud del cambio: “Las elecciones eran meras formalidades donde el ciudadano sólo participaba como espectador de decisiones ya tomadas”, contrastando con el nuevo escenario donde “Por primera vez, los votantes acudieron a las urnas con la certeza de que su voluntad no sería conocida ni manipulada”. Incluso se destaca que “El sufragio secreto liberó al elector sanjuanino de la mirada vigilante del patrón o del caudillo”.
Estas citas, junto con la evidencia archivística de las fechas divergentes en el ejemplar legal (mecanografiada y manuscrita), refuerzan la interpretación de un cambio normativo contundente que impulsó una transición práctica y cultural prolongada. La provincia de San Juan, mediante su ley reglamentaria, logró traducir el ambicioso programa nacional en procedimientos locales concretos, mientras su vida política asimilaba –no sin resistencias– los elevados estándares de un sufragio verdaderamente moderno.
Material Consultado:
- Ley Electoral Nº 1767 de 1912
- Fondo Cámara de Diputados Leyes y Decretos, Vol. 13, Fs. 299 – 314, Fecha: 04-10-1912.
- Departamento de Archivo Histórico, Dirección del Archivo General de la Provincia. Sistema Provincial de Archivos. Secretaría Relaciones Institucionales. Ministerio de Gobierno.
- Historia de San Juan, Tomo VI (Época Patria), 1875 – 1914. Buenos Aires: Academia del Plata, San Juan: Universidad Católica de Cuyo.
- Departamento de Biblioteca y Hemeroteca, Dirección del Archivo General de la Provincia, Sistema Provincial de Archivos.
