La Cámara de Diputados de San Juan abre hoy su 13ª Sesión Ordinaria en medio de una fuerte controversia política e institucional. El foco estará puesto en el proyecto de Modernización de la Ley de Tránsito y Transporte, enviado por el Ejecutivo, que propone una regulación formal de las plataformas de transporte como Uber y Cabify.

Una ley que sacude el tablero del transporte

El eje del proyecto es la creación del Registro Provincial de Transporte (Re.Pro.Tran), que legaliza a las plataformas electrónicas y establece un nuevo marco normativo. Esto representa una ruptura con el sistema tradicional de licencias de taxis, donde el cupo era cerrado y las habilitaciones se comercializaban a valores elevados.

Según el texto, cualquier conductor que cumpla con ciertos requisitos —vehículo de hasta 10 años, carnet profesional, revisión técnica obligatoria (RTO)— podrá inscribirse para operar. Esta apertura ha sido duramente criticada por los taxistas, que consideran que se destruye el valor de sus licencias y se genera una competencia desigual.

Otro aspecto clave será la implementación plena del sistema de scoring para el carnet de conducir, que endurece las sanciones ante infracciones graves, y la desregulación de la RTO, permitiendo que más talleres habilitados puedan realizarla. Esta última medida apunta a bajar los costos y reducir las demoras, aunque también afecta intereses instalados en el negocio del control vehicular.

El escándalo del «periodismo afuera»

La jornada previa a la sesión estuvo marcada por un hecho inédito: la expulsión de los periodistas durante las reuniones de labor parlamentaria. Según trascendió, la medida se justificó en razones de “orden y espacio”, aunque diversas fuentes señalaron que se buscó evitar filtraciones en medio de una negociación tensa sobre los artículos más polémicos, particularmente los referidos a cupos de licencias y antigüedad de vehículos.

Este accionar generó un fuerte rechazo en el ámbito periodístico y puso en duda la transparencia del proceso legislativo. Se espera que durante la sesión haya cuestiones de privilegio y reclamos sobre el accionar institucional.

Una rosca política de alto voltaje

El oficialismo (sector orreguista) busca aprobar la ley hoy mismo, en lo que sería un triunfo político de fin de año. Argumentan que se trata de una modernización necesaria y que los ciudadanos quieren más opciones de transporte a menor costo.

Sin embargo, la oposición (PJ) no llega con una postura unificada. Algunos legisladores acompañarían el proyecto, pero exigen cláusulas de protección para los taxistas, como subsidios o periodos de transición. También plantearon objeciones sobre el artículo que establece la antigüedad permitida de los vehículos, advirtiendo que si no se modifica “una coma”, podrían no dar quórum o directamente votar en contra.

Un jueves de tensión legislativa y protestas

La sesión está prevista para comenzar entre las 9:00 y 9:30 de la mañana. En las inmediaciones de la Legislatura, se anticipa una movilización de sindicatos de peones y propietarios de taxis, con bombos, pancartas y críticas a la “uberización” del sistema.

Puertas adentro, los legisladores deberán sortear un debate tenso, con múltiples artículos conflictivos y un clima enrarecido por el incidente con la prensa. Los cronistas, tras el desplante del miércoles, seguirán cada palabra con lupa. Todo indica que la jornada será extensa y políticamente sensible.