La breve reaparición de voces críticas desde Irán, tras semanas de bloqueo casi total de internet, volvió a poner en evidencia la magnitud de la represión desatada por el régimen en medio de las protestas más graves de los últimos años. “Teherán huele a muerte”, escribió en la red social X la periodista Elaheh Mohammadi, en uno de los pocos mensajes que lograron salir del país pese a las restricciones impuestas por las autoridades.
Mohammadi, reportera del diario Ham-Mihan, explicó que durante dos días fue posible acceder de manera intermitente a internet mediante el uso de redes privadas virtuales (VPN), una práctica extendida entre periodistas y activistas iraníes cuando el Estado bloquea los servicios de comunicación. “En toda mi vida nunca había visto que nevara en Teherán y que nadie sonriera”, añadió, en una descripción que retrata el clima de miedo y parálisis que atraviesa la capital.
El acceso a internet permanece severamente restringido desde el 8 de enero, cuando el régimen iraní decidió endurecer el control digital para frenar la expansión de las protestas. Según organizaciones de derechos humanos y agencias internacionales, el apagón busca aislar a la población, dificultar la coordinación de las manifestaciones y limitar la difusión de imágenes y testimonios sobre la violencia ejercida por las fuerzas de seguridad.
Las protestas comenzaron el 28 de diciembre en Teherán, inicialmente impulsadas por comerciantes y sectores urbanos golpeados por el derrumbe del rial iraní, la inflación persistente y el deterioro de las condiciones de vida. En pocas horas, las consignas económicas dieron paso a un cuestionamiento directo al sistema político de la República Islámica, con manifestaciones que se extendieron a decenas de ciudades y provincias.
La respuesta del régimen fue inmediata y brutal. Fuerzas de seguridad, milicias basij y cuerpos policiales actuaron con munición real, detenciones masivas y despliegues militares en zonas urbanas. La organización con sede en Estados Unidos, Human Rights Activists News Agency (HRANA), informó que ha verificado cerca de 4.000 muertes vinculadas a la represión, mientras que otros casi 9.000 fallecimientos siguen bajo investigación. Por su parte, un funcionario iraní confirmó a Reuters que han muerto más de 5.000 personas durante las protestas.
El nombre de Elaheh Mohammadi no es ajeno a la represión estatal. En 2022, su trabajo periodístico adquirió notoriedad internacional tras ser una de las primeras en informar sobre la muerte de Jina Mahsa Amini, la joven kurda fallecida bajo custodia policial luego de ser detenida por presuntamente violar el estricto código de vestimenta impuesto a las mujeres. Aquel caso detonó una ola de protestas que ya entonces fue respondida con arrestos, juicios sumarios y condenas severas.
Mohammadi y su colega Nilufar Hamedi, del diario Shargh, fueron acusadas de actuar como agentes extranjeros y condenadas en procesos judiciales cuestionados por organismos internacionales. Ambas fueron finalmente indultadas en febrero del año pasado, en una medida interpretada por analistas como un gesto táctico del régimen ante la presión externa, más que como un cambio estructural en la política represiva.
La situación de la prensa independiente sigue siendo extremadamente frágil. Esta semana se informó que Ham-Mihan se vio forzado a suspender sus operaciones debido a su cobertura crítica de los hechos. “Hemos intentado durante todos estos días escribir sobre los muertos y los heridos”, escribió Mohammadi en X, en un mensaje que resume las limitaciones impuestas al ejercicio del periodismo en el país.
El trasfondo económico agrava el escenario político. El rial iraní acumula años de depreciación, afectado por sanciones internacionales, mala gestión y aislamiento financiero. El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional han advertido reiteradamente sobre el impacto de la inflación en los hogares, especialmente en los sectores urbanos y en los jóvenes, que protagonizan buena parte de las protestas.
Mientras el régimen insiste en presentar las manifestaciones como disturbios alentados desde el exterior, el bloqueo informativo y el cierre de medios críticos refuerzan la percepción de un Estado que responde a la crisis con más control y menos transparencia. La persistencia de las protestas, pese a la represión y al aislamiento digital, sugiere que el malestar social en Irán ha alcanzado un punto difícil de revertir únicamente mediante la fuerza.
