Naciones Unidas ha reclamado al Gobierno de Irán que ponga fin a la “brutal represión” de las manifestaciones y “escuche” las demandas “legítimas” de la población, para así adoptar “medidas efectivas” para dar respuesta a sus llamamientos, así como garantizar una rendición de cuentas por la “represión violenta” de las movilizaciones, que ha dejado miles de muertos.
Thameen al Kheetan, portavoz del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha destacado en una entrevista concedida a Europa Press que la mano dura contra los manifestantes “no resuelve ninguno de los problemas” y ha advertido de que “la represión solo puede incrementar las violaciones de los Derechos Humanos, la inestabilidad y el derramamiento de sangre”.
“Hemos visto cómo la gente se ha echado a las calles para expresar su frustración, su ira, por su situación económica. Sus demandas han evolucionado de forma natural para incluir también reformas del sistema político y de la situación de los Derechos Humanos”, ha explicado, antes de incidir en que se trata de “demandas legítimas”. “Las autoridades deben escuchar a la población y adoptar medidas efectivas”, ha dicho.
Así, ha hecho hincapié en que “lo primero de todo” es “poner fin a la brutal represión”, lo que debe verse seguido por “una liberación de los detenidos de forma arbitraria, la imposición de una moratoria a la pena de muerte, el fin del bloqueo a Internet y las comunicaciones, el establecimiento de una rendición de cuentas y, por supuesto, el inicio de reformas”.
Al Kheetan, quien ha reseñado que su oficina no cuenta con “cifras precisas” sobre fallecidos, ha criticado los “intentos de las autoridades para deslegitimar a los manifestantes y etiquetarlos de enemigos del Estado, terroristas o agentes extranjeros”, después de que Teherán acusara a “terroristas” de ataques para causar víctimas y forzar una intervención de Estados Unidos.
“No tenemos herramientas suficientes para investigar todas estas afirmaciones, pero no creo que las miles de personas que han muerto sean todos terroristas o enemigos del Estado”, ha explicado sobre el balance de muertos que las autoridades iraníes sitúan en 3.100, al tiempo que ha insistido en que “nada de esto justificaría el recurrir a un uso de la fuerza excesivo, desproporcionado e innecesario”.
“Las obligaciones del Gobierno a la hora de garantizar el debido proceso e investigaciones transparentes son las mismas, sean disturbios o no”, ha recordado, antes de destacar que las informaciones disponibles apuntan a “miles” de muertos, incluidos “cientos” de miembros de las fuerzas de seguridad. De esta forma, ha remarcado que “es necesaria transparencia para entender lo que está pasando y que haya un escrutinio público sobre las acciones de las autoridades”.
En la entrevista con Europa Press, Al Kheetan ha apuntado además a las “declaraciones contradictorias” sobre la posible ejecución de detenidos, después de que el ministro de Exteriores, Abbas Araqchi, negara que fuera a imponerse la pena capital a manifestantes y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijera que habría impedido el ajusticiamiento de más de 800 personas, algo negado por Teherán.
“Hay altos cargos del aparato judicial que amenazaron a los manifestantes con cargos que acarrean la pena de muerte de forma obligatoria”, ha dicho, antes de afirmar que esto es algo “preocupante” y destacar que “Irán es uno de los Estados del mundo que más ejecuciones llevan a cabo, con al menos 1.500 el año pasado, según los datos disponibles”, una cifra que supondría “un 50% más” que en 2024.
En esta línea, ha recordado la petición de Turk para una moratoria a la pena de muerte, algo que su oficina “pide desde hace mucho tiempo” como “primer paso” de cara a “una abolición total de la pena capital”, antes de reclamar a Teherán que “interactúe con todas las partes del ecosistema de Derechos Humanos de la ONU”.
Al Kheetan ha solicitado a Irán “cooperación total” con la oficina del Alto Comisionado y la misión internacional independiente de investigación y que conceda “acceso total” a los “mecanismos internacionales”.
A pesar de la falta de acceso, el portavoz de Turk ha explicado que la oficina “sigue llevando a cabo su trabajo a la hora de supervisar y documentar los acontecimientos y los diferentes tipos de violaciones”. “Seguimos aplicando el mandato global dado al Alto Comisionado para monitorizar la situación”, ha reiterado.
En este contexto, ha cargado contra el bloqueo a Internet y ha recordado que “la gente tiene derecho a comunicarse” y que “un cierre o cualquier limitación al sistema de comunicaciones debe ser aplicado en línea con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”.
“Debe ser proporcionado, limitado en el tiempo y contar con motivos razonables y lógicos”, ha dicho, subrayando que “lo que se ha visto es un bloqueo total de Internet y las comunicaciones en general, siendo el más largo registrado en Irán, lo que ha limitado gravemente el acceso a la información y la comunicación”.
“Las personas no han podido hablar entre ellas o con gente fuera del país, por lo que ha sido muy difícil o incluso imposible saber qué está pasando (…) también para los iraníes que viven en Irán”, ha manifestado.
Así, ha destacado que Teherán “tiene la obligación de respetar el derecho de la población a recibir y difundir información, especialmente en una fase en la que el país atraviesa un momento tan crucial”, al tiempo que ha añadido que, si bien “hay informaciones que apuntan a que estas limitaciones (…) han sido levantadas muy parcialmente (…), aún no es suficiente”. “Está claro que esta falta de comunicaciones permite que haya más y más violaciones”, ha advertido.
Por otra parte, en su conversación con Europa Press, el portavoz de Turk ha apuntado que “la comunidad internacional debe dar pasos inmediatos para abordar el impacto de las sanciones sobre los Derechos Humanos de la población iraní”, después de que Teherán haya denunciado que son causantes del ahondamiento de la crisis y el empeoramiento de la calidad de vida de la población.
“Las sanciones sectoriales, cuando son generalizadas, normalmente no ayudan”, ha esgrimido Al Kheetan, quien ha ahondado que, en estos casos. “Siempre hemos pedido una revisión y retirada de cualquier sanción sectorial (…) porque vemos que no ayudan a abordar la situación de los Derechos Humanos del pueblo y, de hecho, pueden empeorar la situación de las personas a las que intentamos defender”, ha resaltado.
Además, ha subrayado que “la rendición de cuentas por las violaciones de los Derechos Humanos no puede obtenerse a través de la fuerza militar, ya venga de dentro o de fuera de Irán” y ha agregado que “la retórica agresiva y las amenazas son muy contraproducentes en este caso”, después de que Trump haya amenazado con una intervención militar por la represión de las protestas.
“La rendición de cuentas requiere investigaciones adecuadas y acciones judiciales, ya sea a través de la jurisdicción universal o en los tribunales nacionales”, ha sostenido, al tiempo que ha recordado que los tribunales nacionales pueden aplicar la jurisdicción nacional para “procesar a violadores de los Derechos Humanos por crímenes internacionales graves cometidos fuera de sus países”.
“Esperamos que las autoridades iraníes actúen y que el sistema judicial iraní pueda lograr justicia y rendición de cuentas por las violaciones que han tenido lugar. Si esto fuera imposible, la jurisdicción universal es también una opción”, ha zanjado, en un nuevo llamamiento al Gobierno para que aborde las denuncias sobre violaciones de los Derechos Humanos.
(con información de EP)
