La ONG venezolana Comité por la Libertad de los Presos Políticos exigió este martes al Ministerio Público información oficial sobre al menos 200 personas detenidas cuyo paradero se desconoce, una situación que, según la organización, podría constituir casos de desaparición forzada en el país.
La reclamación se produjo durante una protesta frente a la sede de la Fiscalía en Caracas, donde familiares de los detenidos denunciaron que no han sido informados del centro de reclusión al que fueron trasladados sus allegados tras ser arrestados en operativos policiales o de seguridad. La manifestación fue encabezada por el activista Diego Casanova, integrante del Comité.
“Venimos nuevamente a pedir respuesta por los desaparecidos”, afirmó Casanova, quien sostuvo que existen personas bajo algún tipo de detención estatal sin que sus familiares conozcan su ubicación ni su situación jurídica. Según explicó, muchos de los arrestos se realizaron en viviendas particulares o en la vía pública, sin que posteriormente se ofreciera información oficial.
Ante la falta de respuestas, tres manifestantes —entre ellos Casanova— ingresaron brevemente a la sede del Ministerio Público para entregar un documento en el que exigen un reporte formal y actualizado sobre estas detenciones. Minutos después, los participantes fueron retirados del acceso principal y trasladados a un costado de la calle bajo custodia de funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana.
El Comité por la Libertad de los Presos Políticos no es la única organización que ha alertado sobre esta práctica. Foro Penal, una de las ONG de referencia en el seguimiento de detenciones por motivos políticos en Venezuela, ha advertido en informes previos que la falta de información sobre el paradero de los detenidos constituye una violación grave de garantías fundamentales, entre ellas el derecho a la defensa y a la integridad personal.
De acuerdo con los registros más recientes de Foro Penal, en Venezuela hay actualmente 777 presos políticos, una cifra que se mantiene elevada pese a un proceso parcial de excarcelaciones anunciado a comienzos de enero por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. Ese anuncio se produjo pocos días después de la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, el 3 de enero en Caracas, en una operación que generó un fuerte impacto político e institucional.
En un video difundido en Instagram, el director presidente de Foro Penal, Alfredo Romero, informó que la organización ha contabilizado 143 excarcelaciones de presos políticos entre el 8 de enero y el lunes por la noche, aunque aclaró que muchas de estas liberaciones se han realizado bajo medidas restrictivas, como regímenes de presentación o prohibiciones de salida del país.
Organismos internacionales han señalado reiteradamente estas prácticas. La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha documentado en informes recientes patrones de detenciones arbitrarias en Venezuela, así como obstáculos sistemáticos para que familiares y abogados accedan a información sobre los detenidos. La ONU ha advertido que la incomunicación prolongada puede constituir desaparición forzada según el derecho internacional.
También la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha pedido al régimen venezolano que garantice el acceso inmediato a información sobre personas privadas de libertad, recordando que la desaparición forzada es un delito continuado y una de las violaciones más graves de los derechos humanos.
El Ministerio Público venezolano no ha emitido hasta ahora una respuesta pública específica sobre el reclamo presentado este martes. En ocasiones anteriores, la Fiscalía ha sostenido que actúa conforme a la ley y ha rechazado las denuncias de detenciones arbitrarias, atribuyéndolas a campañas de descrédito contra el Estado.
Para los familiares de los detenidos, sin embargo, la ausencia de información sigue siendo el principal problema. “No saber dónde está una persona detenida es una forma de castigo adicional”, han señalado en protestas anteriores, en las que han reclamado transparencia y respeto al debido proceso.
Las denuncias de desapariciones forzadas y detenciones sin información oficial se han convertido en uno de los puntos más sensibles del conflicto político venezolano, en un contexto marcado por tensiones internas, presión internacional y un sistema judicial cuestionado por su falta de independencia, según múltiples informes de organismos multilaterales.
