El juez federal Ariel Lijo viajará a París junto al ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y otros funcionarios para exponer ante el GAFI las políticas argentinas contra el lavado de activos. La misión busca evitar que el país quede bajo mayor vigilancia internacional, pero la presencia de Lijo reabrió cuestionamientos políticos e institucionales por su fallida candidatura a la Corte Suprema y su rol en causas sensibles.
Ariel Lijo no llegó a la Corte Suprema, pero igual consiguió pasaje a París. Esta vez no va como candidato a integrar el máximo tribunal, sino como parte de una delegación que deberá explicarle al GAFI que la Argentina combate con eficacia el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y otros delitos complejos. Una tarea delicada: defender la solidez institucional del país con un juez cuya propia trayectoria acaba de atravesar una tormenta institucional de primera categoría.
El Gobierno de Javier Milei necesita mostrar orden, controles, condenas, cooperación entre organismos y una Justicia capaz de investigar. Todo eso en una Argentina donde la palabra “control” suele aparecer con más entusiasmo en los PowerPoint que en los expedientes. El objetivo es evitar una mala nota internacional y, sobre todo, escapar del fantasma de la lista gris del GAFI, ese lugar donde los países no están sancionados, pero quedan bajo una vigilancia incómoda, como alumno que no repitió pero ya conoce a la directora.
La misión será presentada como técnica. Y algo de eso tiene. El GAFI no evalúa discursos épicos ni consignas de campaña: mira resultados, condenas, estadísticas, coordinación estatal, capacidad de investigación financiera y efectividad real del sistema antilavado. En otras palabras, pide papeles. Justo ahí donde la política argentina empieza a transpirar sin necesidad de calefacción.
La presencia de Lijo abre una pregunta difícil de esquivar: ¿por qué un juez federal, con causas sensibles vinculadas al poder político, debe integrar una delegación que busca respaldar la posición internacional del Gobierno? La explicación oficial apunta a su experiencia en investigaciones complejas. La explicación política, bastante menos prolija, es que el Ejecutivo necesita llevar a París todo lo que pueda servir para mostrar que la Justicia funciona, incluso si para eso convoca a un magistrado que el propio Gobierno intentó sentar en la Corte por una vía que terminó bloqueada.
El recorrido reciente de Lijo no ayuda a bajar el volumen. Milei lo impulsó para la Corte Suprema. La Corte rechazó concederle licencia para asumir sin dejar su juzgado. Luego, el Senado rechazó su pliego. Es decir: no pudo entrar por la puerta judicial, no pudo pasar por la puerta política y ahora aparece en una misión internacional para hablar de institucionalidad argentina. La realidad, cuando quiere, redacta sola.
Mientras tanto, en el país real, el Gobierno enfrenta críticas por recortes en jubilaciones, discapacidad, medicamentos, transporte y programas sociales. En ese contexto, el viaje a París agrega otra capa de tensión: afuera se buscará mostrar un Estado ordenado, coordinado y eficaz; adentro, buena parte de la discusión pública gira alrededor de áreas sensibles que denuncian ajuste, demoras y falta de respuestas. La Argentina viajará a defender su sistema de controles justo cuando muchos sectores preguntan quién controla el costo social de las decisiones oficiales.
El punto no es menor. Si el GAFI observa deficiencias estratégicas, las consecuencias pueden sentirse en bancos, inversores, transferencias internacionales y acceso al financiamiento. Nadie quiere quedar bajo vigilancia reforzada. Menos aún un gobierno que necesita mostrar confianza externa como quien exhibe una credencial recién plastificada.
Por eso la pregunta de fondo no es si Argentina debe defenderse ante el GAFI. Debe hacerlo. La pregunta es por qué eligió precisamente a Ariel Lijo para integrar esa defensa. Porque cuando una misión busca demostrar transparencia, independencia y eficacia institucional, los nombres también hablan. A veces incluso antes que los informes.
El juez federal Ariel Lijo viajará a París para integrar la delegación argentina que expondrá ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en una misión clave para defender la posición del país en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
La comitiva será encabezada por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, e incluirá a funcionarios de organismos nacionales y especialistas técnicos. Según la información conocida hasta el momento, también participará el juez federal Sebastián Casanello, junto a representantes de áreas vinculadas al control financiero, la persecución penal y la regulación estatal.
El viaje está previsto para mediados de junio y tendrá como objetivo exponer ante el organismo internacional los avances de la Argentina en materia antilavado. La misión busca evitar que el país sufra una calificación más severa o quede bajo una vigilancia internacional reforzada.
Qué es el GAFI y qué evalúa
El Grupo de Acción Financiera Internacional es el organismo que fija estándares globales para prevenir y combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de organizaciones criminales.
Sus evaluaciones son observadas por bancos, organismos multilaterales, calificadoras, inversores y sistemas financieros de todo el mundo. Por eso, una mala evaluación puede tener impacto directo sobre la confianza internacional, el costo de las operaciones financieras y el acceso al crédito externo.
El GAFI analiza si los países cuentan con herramientas normativas, judiciales, administrativas y financieras efectivas. No alcanza con tener leyes: el organismo exige demostrar resultados concretos.
Entre los puntos que se ponen bajo revisión aparecen las condenas por lavado de activos, la capacidad de investigación patrimonial, la cooperación entre organismos públicos, el funcionamiento de la Unidad de Información Financiera, los controles bancarios y la persecución del financiamiento de delitos complejos.
El riesgo de la lista gris
La denominada lista gris del GAFI reúne a países que presentan deficiencias estratégicas en sus sistemas de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Ingresar en esa categoría no implica una sanción directa, pero sí coloca al país bajo un monitoreo más estricto. Las consecuencias pueden incluir mayores controles sobre operaciones financieras, incremento de costos en transferencias internacionales, pérdida de confianza de inversores y dificultades adicionales para acceder a financiamiento externo.
Para un país con necesidad permanente de dólares, crédito e inversiones, una mala evaluación del GAFI no sería un detalle técnico. Sería una señal política y económica de alto impacto.
Por qué viaja Ariel Lijo
La explicación oficial es que Lijo aportará experiencia judicial sobre investigaciones complejas vinculadas con delitos económicos, lavado de dinero y crimen organizado.
Sin embargo, su participación generó cuestionamientos porque se trata de un magistrado con fuerte exposición pública y política. Lijo fue impulsado por el presidente Javier Milei para integrar la Corte Suprema, pero su intento de llegar al máximo tribunal terminó bloqueado.
Primero, la Corte Suprema rechazó otorgarle licencia para asumir sin renunciar a su juzgado federal. Luego, el Senado rechazó su pliego, en una votación que dejó sin respaldo legislativo la candidatura promovida por el Poder Ejecutivo.
Ese antecedente vuelve incómoda su presencia en una misión internacional destinada a mostrar institucionalidad, independencia judicial y capacidad de control estatal.
La pregunta política detrás del viaje
El interrogante central no pasa sólo por la legalidad de la participación de un juez federal en una delegación oficial, sino por su oportunidad institucional.
¿Puede un magistrado que interviene en causas sensibles vinculadas al poder político integrar una comitiva destinada a respaldar la posición internacional del Gobierno?
La pregunta cobra mayor peso porque Lijo tiene intervención o cercanía con expedientes de alto impacto público. Entre ellos aparecen investigaciones relacionadas con funcionarios nacionales y áreas cuestionadas, como la Agencia Nacional de Discapacidad, uno de los organismos atravesados por denuncias y por fuertes debates sobre recortes presupuestarios.
En paralelo, el Gobierno nacional enfrenta críticas de sectores sociales por restricciones en prestaciones, pérdida del poder adquisitivo de jubilaciones, reducción de programas sociales, cambios en subsidios al transporte y dificultades en el acceso a medicamentos.
En ese contexto, la misión ante el GAFI queda atravesada por una contradicción política: mientras en París se buscará mostrar un Estado eficaz, coordinado y sólido en sus controles, dentro del país crecen los reclamos por el impacto del ajuste sobre áreas sensibles.
Qué se juega la Argentina
La presentación ante el GAFI no será apenas una reunión protocolar. Argentina deberá demostrar que su sistema antilavado tiene capacidad real para investigar, perseguir, condenar y recuperar activos vinculados a delitos complejos.
La delegación buscará exhibir resultados judiciales, reformas normativas, cooperación institucional y estadísticas que permitan sostener que el país cumple con los estándares internacionales.
Un resultado negativo podría derivar en nuevas exigencias, mayor presión sobre el sistema financiero y una señal desfavorable para inversores y organismos internacionales.
Después de la exposición en París, la Argentina deberá continuar presentando informes, avances y resultados concretos ante el organismo. Allí se verá si la estrategia oficial alcanza para evitar observaciones más severas.
Lo que quedará abierto es la discusión política sobre la elección de los voceros. Porque si la misión busca defender la transparencia institucional del país, la presencia de Ariel Lijo obliga a mirar no sólo qué argumentos llevará la Argentina, sino también quiénes fueron elegidos para pronunciarlos.
